Las noticias sobre la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra se multiplican. Las últimas declaraciones de Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos han confirmado las presiones del expresidente socialista para que se concediera la ayuda de 53 millones de euros a una empresa con elevada vinculación venezolana. Y la última denuncia de Víctor de Aldama ha cuantificado en diez millones de euros la comisión cobrada por Rodríguez Zapatero a cambio de sus presiones al Gobierno y lograr el permiso —que lo hubo— de Pedro Sánchez y la materialización del pago por parte de la vicepresidenta de Hacienda y última responsable de la SEPI, María Jesús Montero.
Por Libertad Digital
Y es que, más allá de la escuálida estructura y más de 13 millones de pérdidas previas al covid de la compañía —que deberían haber impedido el rescate—, la aerolínea fue calificada de estratégica —representando el 0,03% de los vuelos nacionales— y accedió al rescate incluso con un rastro de conflictividad fiscal de uno de sus socios fundadores.
Y esa historia, condena fiscal incluida, era conocida por Montero, que, pese a ello, autorizó el pago del rescate. El socio fundador era Fernando Isidoro González Enfedaque. Y fue condenado en febrero de 2020, antes del rescate, junto con el exsenador del PNV y exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa, Víctor Bravo por fraude fiscal.
Bravo recibió una condena a siete años de cárcel —como autor de tres delitos fiscales en calidad de cooperador necesario—, más inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 3,1 millones de euros. Además, fue condenado a pagar a la Agencia Tributaria 1,5 millones, al igual que su socio Fernando Isidoro González. González, por su parte, fue condenado a once meses y 29 días de prisión.
El caso por el que fueron condenados los dos socios fue el denominado «Glass Costa Este Salou», generado durante los años 2003, 2004 y 2006. La Fiscalía pedía seis años de prisión y el abogado del Estado elevó la solicitud hasta los nueve años. Bravo y González fueron condenados por el Juzgado de lo Penal 1 de San Sebastián.
Fernando Isidoro González era el administrador de la promotora inmobiliaria. Y el 19 de julio de 2000 fijó su domicilio fiscal en Gipuzkoa, pese a ser propietario de una vivienda de 650 metros cuadrados en una localidad catalana en la que «habitualmente» residía. El objetivo era beneficiarse de los incentivos fiscales del País Vasco.
Para seguir leyendo, clic AQUÍ.