La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ejecutó este sábado 3 de enero una compleja artimaña rojita destinada a blindar la permanencia del chavismo en el poder sin pasar por las urnas.
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A través de una ponencia conjunta de urgencia, el máximo tribunal ordenó a Delcy Rodríguez asumir y ejercer la Presidencia Encargada de la República con plenos poderes, pero evitó deliberadamente calificar la situación de Nicolás Maduro como una «falta absoluta». Esta omisión es la pieza clave de la estrategia, pues al no activar el Artículo 233 de la Constitución, el oficialismo esquiva el mandato legal que obligaría a convocar elecciones universales, directas y secretas en un lapso perentorio de 30 días.
Para justificar esta decisión, los magistrados introdujeron en la jurisprudencia venezolana el concepto de «ausencia forzosa» derivada de una «imposibilidad material». En el texto de la sentencia, el tribunal califica la extracción de Maduro por fuerzas estadounidenses como un «secuestro» y una «agresión militar extranjera», configurando así una situación «excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución».
Bajo esta interpretación, el TSJ optó por aplicar genéricamente el Artículo 234, referente a las faltas temporales, junto con el principio de «continuidad administrativa», permitiendo que Rodríguez gobierne indefinidamente para «preservar los intereses de la Nación» sin la presión de un cronograma electoral inmediato.
La sentencia es explícita al señalar que esta medida cautelar se toma «sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial», dejando la definición del estatus de Maduro en un limbo legal calculado. De esta forma, se ordena a Rodríguez ejercer «todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo», otorgándole el control total del aparato del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar la contingencia, cerrando el paso a cualquier reclamo de la Asamblea Nacional para llenar el vacío de poder.
Mientras el Poder Judicial construye este blindaje interno, la amenaza externa se intensifica con un ultimátum directo desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al New York Post más temprano que sus fuerzas militares están preparadas para lanzar una «segunda oleada» de ataques «mucho mayor que la primera» si no hay cooperación.
Sin embargo, Trump abrió una puerta a la negociación al asegurar que no desplegará tropas en suelo venezolano «si la vicepresidenta de Maduro hace lo que queremos», colocando a la recién nombrada Presidenta Encargada en una encrucijada entre el mandato de resistencia absoluta dictado por el TSJ y la presión de una intervención militar devastadora.