Hace más de tres décadas, el Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo el impactante arresto del líder de un país extranjero: Manuel Noriega, de Panamá. El caso del dictador podría servir de guía para los fiscales, abogados defensores y jueces que ahora participan en el caso contra Nicolás Maduro, de Venezuela.
Por CNN
Al igual que Maduro, Noriega fue acusado de participar en una operación a gran escala para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos. Y Noriega también fue capturado en una operación militar en su propio país.
Los abogados de Noriega lanzaron rápidamente una defensa agresiva del líder militar, acusando al Departamento de Justicia del presidente George H. W. Bush de violar tanto el derecho internacional como las garantías del debido proceso al invadir Panamá y arrestarlo en el extranjero.
También alegaron que Noriega tenía inmunidad como jefe de Estado extranjero.
Maduro, a quien los fiscales acusan de dirigir “bandas patrocinadas por el Estado” y facilitar el narcotráfico en Venezuela, “probablemente presentará una serie de objeciones importantes al proceso”, similares a las que intentó Noriega, dijo Steve Vladeck, analista legal de CNN y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, en su boletín “One First”.
El caso probablemente involucrará “nuevos argumentos constitucionales y de derecho internacional” que podrían atraer a algunos de los abogados defensores penales más destacados, dijo el sábado Elie Honig, analista legal sénior de CNN. “Realmente hemos visto muy pocos casos como este”.
Los argumentos de Noriega finalmente no tuvieron éxito: fue juzgado y condenado en 1991 y recibió una sentencia de 40 años de prisión. (Tras su condena en 1992, un juez federal dictaminó que el exdictador era un prisionero de guerra y debía gozar de ciertos derechos en prisión, aunque los jueces no pueden asignar personas a instalaciones específicas y su capacidad para hacer cumplir tales fallos puede ser limitada).
Un factor clave en su defensa fallida fue que los tribunales estadounidenses “se negaron a considerar la legalidad de la invasión en sí”, señaló Clark Neily, del think-tank progresista Cato Institute, en un artículo publicado el sábado.
“Los tribunales federales sostuvieron que la forma en que un acusado es llevado ante un tribunal estadounidense —incluso por la fuerza, incluso desde suelo extranjero— no anula la jurisdicción penal”, escribió Neily.
Si Maduro intenta argumentar que fue llevado ilegalmente a Estados Unidos, existe jurisprudencia que explica por qué los acusados aún pueden ser procesados en Estados Unidos incluso si fueron llevados allí de manera ilegal.
Si se ven obligados a justificar el arresto de Maduro, los fiscales podrían señalar un memorando de 1989 de William Barr, de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que afirmaba que un presidente tenía “autoridad constitucional inherente” para ordenar al FBI detener personas en países extranjeros, incluso si eso violaba el derecho internacional.
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