El domingo, horas antes de que Delcy Rodríguez asumiera el poder en Caracas y Nicolás Maduro pasara a disposición de un juez federal en Estados Unidos, un tribunal estadounidense quedaba habilitado para avanzar, sin defensa de los acusados, hacia una sentencia que declarará al poder venezolano una organización criminal dedicada al narcotráfico y al terrorismo. Y la nueva presidenta venezolana está demandada como parte central en esta causa.
Por ABC
El movimiento procesal fue técnico, pero de enorme alcance. Los abogados que representan a víctimas del régimen solicitaron al tribunal que declare en rebeldía a los acusados, entre ellos Maduro y Delcy, tras no haber respondido a la demanda dentro del plazo legal, después de que esta fuera admitida. No se trata todavía de una sentencia, pero sí de una puerta que se abre de par en par: si el juez acepta la rebeldía, el procedimiento puede avanzar en ausencia de los demandados, dando por ciertos los hechos alegados y pasando directamente a la fase de daños, indemnizaciones y medidas civiles.
El tribunal había autorizado previamente un sistema de notificación alternativa y acelerada, consciente de la naturaleza del caso y de la dificultad de emplazar formalmente a dirigentes de un Estado extranjero. Según consta en los escritos, los acusados fueron notificados el 10 de diciembre de 2025 y el plazo para responder venció el 31 de diciembre sin que ninguno compareciera. Ese silencio procesal es el que ahora permite a los demandantes pedir que el caso siga su curso sin ellos.
Demanda por crimen organizado
El objetivo de la demanda va mucho más allá de una compensación económica. Las víctimas buscan una declaración judicial que establezca de forma expresa que el poder venezolano operó durante años como una organización criminal continuada. De lograrse, esa calificación tendría consecuencias duraderas: habilitaría embargos de bienes, persecución de activos en distintas jurisdicciones y nuevas acciones legales en otros países. Para quienes impulsan la causa, se trata de romper la impunidad internacional del régimen y fijar responsabilidades con una resolución judicial federal.
El encuadre bajo la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, por sus siglas en inglés) eleva de forma sustancial el alcance del procedimiento. Esta norma, pensada originalmente para combatir a la mafia, permite perseguir no hechos aislados, sino la existencia de una «empresa criminal» que actúa de forma continuada mediante un patrón de delitos. En el ámbito civil, RICO autoriza la imposición de daños triplicados, responsabilidades solidarias entre todos los acusados y el decomiso o embargo de bienes vinculados al entramado, incluso fuera de Estados Unidos si existe conexión jurisdiccional.
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