
Las sociedades que despuntan en el competido mundo de hoy se caracterizan por un buen manejo del lenguaje claro y preciso. Pudiera sostenerse que sus ciudadanos y autoridades gozan de una ventaja competitiva respecto a otras naciones, cuyos habitantes se expresan con un lenguaje oscuro, pobre, desorientado, ineficaz e incompleto, nada propicio para las dinámicas de nuestro tiempo.
El ecosistema criminal que secuestró al país hace un cuarto de siglo -se dice fácil- se ha empeñado desde la cúspide del poder en imponernos su bochornoso modelo del empobrecimiento del lenguaje, involucrándonos cada día más en su neolengua patibularia, sin respeto alguno por la estructura de la lengua. Arruinaron la nación, desmantelaron las instituciones, demolieron la educación y los valores democráticos, la producción y la productividad, el trabajo decente y la moneda. Golpearon la cultura en las bases del pensamiento y la comprensión. La manera de hablar, pensar y comprendernos es un indicativo del evidente deterioro social que nos envuelve. Basta observar la pobreza expresiva de los jóvenes, producto de un bachillerato deficiente.
No digamos el nivel deplorable a que ha llegado el discurso de los poderes públicos. Otrora, la gente acudía a las barras del Congreso para escuchar a los buenos oradores. El discurso presidencial se vino a menos y terminó convirtiéndose en un pobrísimo y desordenado amasijo de palabras que ni a panfleto llega.
Destacamos a un venezolano de excepción que se ha preocupado y se ha ocupado de combatir las deficiencias en el uso del lenguaje, con propuestas y acciones: el distinguido abogado Ramón Escovar León, profesor universitario, académico y graduado con honores en Derecho y Letras, un hombre ecuánime y atildado.
Dedica buena parte de su tiempo a pregonar las mejoras para alcanzar un lenguaje claro y preciso en el ámbito judicial y en las facultades de Derecho, mediante propuestas de materias y seminarios que ayuden a superar las deficiencias que muchos estudiantes traen desde un mediocre bachillerato.
Ha expresado que las incapacidades lingüísticas, sintácticas y argumentativas del discurso jurídico venezolano, farragoso y extenso en citas innecesarias, se transmutan en oscuridad expresiva que compromete principios constitucionales como la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. Quien no tiene ideas precisas recurre a excesos de palabras y a una retórica grandilocuente. A las carencias expresivas se suman las dificultades argumentativas. Resulta imprescindible redactar con claridad y concisión las sentencias. Cuando el lenguaje judicial se torna oscuro y artificioso, impide el acceso a la justicia.
El tono barroco y pomposo contrasta con la sencillez que exige el lenguaje jurídico contemporáneo.
En el ámbito jurídico, la claridad es un imperativo y favorece la necesaria comprensión. Expresar las ideas en forma sintética no empobrece el pensamiento, sino que lo ordena. La claridad no es un lujo estilístico, sino un deber profesional de un juez en una democracia, insiste Escovar León.
Hay que mejorar la claridad expresiva de las decisiones judiciales. Hay que promover una sintaxis sencilla y directa, basada en la construcción gramatical
de sujeto, verbo y predicado.
El lenguaje jurídico debe ser claro y preciso para que sea fácilmente accesible a todos. La oscuridad expresiva de la redacción forense vulnera el derecho a comprender. Hay que fortalecer las competencias argumentativas, expresivas e interpretativas del estudiante de Derecho, replica el sabio jurista. La sencillez expresiva no empobrece el discurso jurídico, sino que lo potencia. La claridad permite organizar mejor las ideas.
El lenguaje, decimos nosotros a título de conclusión, es un bien común. El tejido social rasgado por la mano oscura de la dictadura impacta y degrada a todos, incluso en la convivencia. El patrimonio cultural de generaciones se ha visto reducido y manipulado, produciendo así un daño antropológico en el alma de la nación.
!Libertad para los presos políticos!
