El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, publicó un mensaje la noche del miércoles 7 de enero en su cuenta oficial de X, en el que se refirió a la situación de los presos políticos recluidos en El Helicoide, luego de los recientes anuncios sobre el posible cierre del reconocido centro de torturas más grande de Latinoamérica.
Por: lapatilla.com
Himiob, una de las voces más prominentes en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, destacó que en El Helicoide operan varias dependencias relevantes como la PNB, la Dirección de Investigaciones del SEBIN y el Centro de Penados y Procesados del AMC I, y que cualquier movimiento relacionado con el anunciado cierre podría involucrar a cualquiera de estas instalaciones.
Según el mensaje publicado por el abogado defensor de presos políticos, “hasta ahora, los presos están bien”, aunque aclaró que no existen confirmaciones oficiales sobre los movimientos dentro del complejo.
Himiob agregó que, pese a las versiones sobre el cierre, es imprescindible garantizar la seguridad y los derechos de las personas privadas de libertad por razones políticas.
Este pronunciamiento ocurre en medio de una fuerte crisis política en Venezuela tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cierre de un centro de torturas en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante un operativo militar estadounidense ejecutado la madrugada del 3 de enero.
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Trump afirmó que el régimen mantenía una “cámara de tortura en medio de la ciudad”, atribuida al emblemático edificio de El Helicoide, y aseguró que Delcy Rodríguez, quien asumió el mando tras la detención de Maduro, estaría procediendo a clausurar esas instalaciones.
El Helicoide, conocido por múltiples denuncias de abusos y condiciones inhumanas, ha sido señalado por organizaciones internacionales como uno de los principales centros de detención y tortura hacia opositores durante años en Venezuela.
La publicación de Himiob pone el foco nuevamente en la situación de los presos políticos en Venezuela, mientras organizaciones internacionales y organismos de derechos humanos exigen transparencia sobre el destino de los detenidos y garantías para su liberación.
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