Las bases de datos oficiales de Venezuela permiten hoy reconstruir en buena parte el desenlace de una historia que durante años se abordó casi exclusivamente desde el plano político o judicial. Antiguos dirigentes de ETA refugiados en el país fueron integrados en el entramado empresarial público y han acabado su trayectoria como pensionistas del sistema venezolano y parte de sus expedientes administrativos archivados. Otros fallecieron en Venezuela y al menos dos regresaron a España desengañados del régimen de Nicolás Maduro.
Por theobjective.com
La investigación de THE OBJECTIVE, basada en el acceso directo a registros laborales y de pensiones, permite por primera vez fijar hechos comprobables y separar la documentación oficial de los relatos genéricos sobre el exilio etarra. El análisis no se apoya en autos judiciales antiguos ni en informes de inteligencia, sino en bases administrativas en vigor, en particular las del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el organismo equivalente a la Seguridad Social española. Esos registros acreditan que varios etarras asentados en Venezuela fueron contratados por empresas y organismos públicos, regularizaron su situación laboral y cotizaron durante años bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
No existe una relación pública de fichajes firmada por el Ejecutivo venezolano. Sin embargo, los expedientes sí reflejan empleo público sostenido, cotización al sistema y salida formal en momentos clave. Los protagonistas son los lideres de la banda terrorista en Venezuela. Ese proceso de integración administrativa explica que algunos de estos antiguos dirigentes hayan alcanzado la edad legal de retiro dentro del propio sistema venezolano, un extremo que hasta ahora no se había documentado con detalle.
Pensión pública tras dos décadas de cotización
El caso más claro es el de Xabier Arruti Imaz, considerado durante años uno de los principales referentes de la estructura etarra en Venezuela. Los registros del IVSS consultados por THE OBJECTIVE lo sitúan como asegurado desde enero de 2005, con una trayectoria laboral continuada en empresas y administraciones públicas, entre ellas Gas Comunal, compañía estatal del sector energético y vinculada a PDVSA, y posteriormente una alcaldía del Estado Falcón.
El expediente refleja salida administrativa a finales de 2023 y, cumplidos los requisitos de edad y semanas cotizadas, reconocimiento de pensión de vejez en 2024, que figura activa en consultas actualizadas en 2026. Es decir, Arruti cobra hoy una pensión pública venezolana, culminando un proceso ordinario de jubilación tras años de integración en el aparato del Estado chavista. Desde el punto de vista administrativo, su itinerario es coherente: alta, cotización prolongada, cese y prestación.
Investigación judicial y expediente archivado
El recorrido de Arturo Cubillas Fontán es más complejo y exige mayor precisión. Los registros administrativos confirman su vinculación laboral con la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), empresa pública dependiente del área agraria, pero también fijan un dato clave: egreso formal en 2016.
Desde ese momento, su rastro administrativo no desemboca en una pensión activa en los registros consultados. El expediente existe, pero aparece depurado del circuito operativo: figura como cesante, sin continuidad laboral ni prestación reconocida. No hay desaparición documental, sino archivo administrativo tras la salida del sistema, un patrón distinto al de Arruti.
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