En esta nueva fecha histórica para Venezuela se vive un acto de guerra, cuando el ejército de Estados Unidos incursiona en nuestro país mediante un ataque aéreo misilistico artero, que a más de secuestrar al presidente de la Republica, destruye varias instalaciones militares y civiles en Caracas y otras ciudades del país, a más de generar más de un centenar de muertos y heridos.
Como habíamos dicho antes, desde finales del mes de agosto del pasado año, USA inició una intervención consistente de grandes unidades navales estacionadas en el norte de nuestro mar territorial en el Caribe, supuestamente para combatir el narcotráfico en las zonas costeras de Venezuela, que al final se transformó en una operación con tres objetivos: el ataque a un supuesto “cartel de los soles” en lucha contra el narcotráfico; recuperar una supuesta deuda petrolera; y el cambio de gobierno en Venezuela. La calificación del tráfico de drogas como «narcoterrorismo» fue utilizada para justificar las acciones militares y el uso de fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sin una declaración formal de guerra, como en efecto ocurrió.
En artículo anterior referimos que, en discusión catedrática universitaria tocamos, como interesante y fundamental en la discusión actual, el reclamo que hizo el presidente de USA Donald Trump por la supuesta expropiación ilegal de productos que pertenecieron a este país de Norteamérica. Según Trump, “Venezuela debe devolver el petróleo, tierras y otros activos que según él afirma fueron robados a EEUU”. Reclamo que sugiere una pretensión de apropiación colonial, saqueo o conquista; agregando, que esa conclusión no sólo es errónea sino intelectualmente deshonesta.
En este entendido confuso, explicamos que en la experticia jurídica del caso, dijimos que aparentemente el presidente de USA quiere aplicar la normativa jurídica de su país aquí en Venezuela, donde nos ampara una doctrina y normativa nacional peculiar minera, fundamentada en principios que datan desde hacen casi dos siglos, desde que en 1826 con decreto del Libertador Simón Bolívar en Chuquisaca, los recursos debajo del suelo pertenecen al Estado. Norma repetida sin variación desde siempre en nuestro Derecho Constitucional, hoy contenida en su Artículo 12 el cual expresa: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público”.
En nuestro análisis entendemos la confusión del presidente Trump, quien por su ignorancia en la materia, cree que son iguales las normas consuetudinarias del derecho de USA con la norma del derecho venezolano, que además de su antigüedad, mas allá de la norma de su país, no podemos eludir la verdad jurídica que no molesta ni intimida sino que aparece como el deber ser de nuestra férrea doctrina petrolera reforzada con los ineludibles principios mineros heredados del Derecho Internacional que empezó a desarrollarse a partir del Siglo XVI, época en la cual aparecen en Europa los primeros estados nacionales, y que hasta principios del Siglo XX se desenvolvió bajo el principio de la soberanía, lo que facilitó la creación de la sociedad internacional hecha realidad con la ONU al término de la 2da Guerra Mundial.
Explicamos entonces, y hoy queremos insistir en decir, que el derecho de todo Estado se fundamenta en su soberanía interna, la creación de leyes propias y la garantía de derechos y deberes para sus ciudadanos, con el objetivo de organizar la vida social dentro de sus fronteras; en el caso que nos ocupa, debemos referir, que esta materia la consideramos de la mayor relevancia por cuanto en Venezuela está íntimamente ligado el concepto de energía con minerales y petróleo, lo que ha hecho de Venezuela un país universal, al constituirse en una de las principales fuentes de estos recursos y uno de los principales productores de energía del mundo al poseer las reservas de petróleo más grandes del hemisferio occidental, además de importantes reservas de gas y carbón. Es el noveno productor mundial de petróleo y el sexto exportador de esa fuente de energía.
También explicamos, que lo fundamental en el tema en contraposición al discurso del presidente Trump, es que no ha existido ninguna confiscación ni expropiación en las empresas mineras, toda vez que cuando las actuales al aceptaron las concesiones, estuvieron en cuenta que los yacimientos petroleros no fueron cedidos, sino que so se contrató su explotación mediante una concesión de acuerdo con el contenido en la Ley de Minas y en la de Hidrocarburos. Para mayor claridad es bueno saber, que producida la nacionalización de la Industria del Hierro el 1º de enero de 1975, y posteriormente la nacionalización de la Industria Petrolera el 1º de enero de 1976, surgieron dos complejos industriales: la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela S.A. (PDVESA) las cuales constituyeron el mayor complejo industrial de Venezuela, a los que el Estado dedicó un nacionalista proceso de constitución, organización y desarrollo, aprovechando el traspaso tecnológico de las anteriores empresas dedicadas a la extracción, procesamiento y comercialización del mineral de hierro y del petróleo.
El 29 de agosto de 1975 al promulgarse la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos, dentro de la instrumentación contemplada con relación a la industria nacionalizada, por Decreto 1.123 de fecha 30 de agosto de 1975, se procede a la creación de una empresa estatal para cumplir y ejercer la política dictada en materia de hidrocarburos, así se inició a un nuevo capítulo en la ya larga experiencia de explotación del principal recurso del país. En este proceso, dice el decreto que:“La sociedad se denominara Petróleos de Venezuela, girara bajo la forma de sociedad anónima…”, “La Sociedad tendrá por objeto planificar, coordinar y supervisar la acción de las sociedades de su propiedad, así como controlar que estas últimas, en sus actividades de exploración, explotación, transporte, manufactura, refinación, almacenamiento, comercialización o cualquier otra área de su competencia en materia de petróleo y demás hidrocarburos, ejecuten sus operaciones de manera regular y eficiente…”.
Estas responsabilidades asumidas, se cumplieron en un ambiente de grandes expectativas, de suspicacias, temor y mucha desconfianza, que con el correr del tiempo fueron dando paso al conocimiento por los satisfactorios resultados alcanzados desde el primer año de ejercicio, y por haber respondido acertadamente al compromiso y al reto de magnitudes del planteado.
Con carácter de “preciso”, era necesario administrar la industria petrolera nacionalizada con el grado máximo de economía, tecnificación y eficacia: la producción de petróleo debía mantenerse cónsona con las realidades de los yacimientos y con la necesidad de generar el nivel de ingreso adecuado para aplicarlo a su desarrollo, considerando además el imperativo de presencia y vigencia en el mercado. A partir del proceso de nacionalización, en virtud de los compromisos asumidos para la fecha por las empresas operadoras transnacionales que fueron nacionalizadas, se constituyeron bajo la forma de sociedades anónimas, trece empresas venezolanas: Amoven, Bariven, Boscaven, Deltaven, Guariven, Lagoven, Llanoven, Maraven, Palmaven, Taloven y Vistaven. Estas empresas remplazaron cada una a una concesionaria nacionalizada, que también en número de trece operaban en el país. A este número, debemos sumar la empresa venezolana existente CVP, con la cual se conformaron en total catorce (14) empresas operadoras nacionales. En los años subsiguientes, se estableció un programa denominado de Racionalización de la Industria Petrolera, cuyo principal enfoque estuvo dirigido a disminuir la carga burocrática de las empresas, el cual conllevó a la unión de algunas empresas, con lo que se redujo el número de operadoras a seis (6) en 1977, con una integración en 1978, que redujo el número a cuatro (4) operadoras: Lagoven, Maraven, Meneven y Corpoven.
En próximas entregas continuaremos con el esbozo verdadero sobre nuestra industria petrolera, que en ningún momento robó ni quito nada a los Estados Unidos como dice Trump.