La intervención militar ordenada por Donald Trump en el Caribe ha generado un fuerte impacto en el mercado de la cocaína en Colombia. Así lo prueban informes reservados de la Fuerza Pública y testimonios recogidos por SEMANA en la región del Catatumbo, uno de los centros de producción de sustancias ilícitas más grandes del mundo.
“No hubo plata entre noviembre y diciembre por las operaciones en el mar”, afirmó un líder social de Norte de Santander cercano a los cocaleros. Según su explicación, los narcotraficantes no quieren arriesgar el capital por la alta probabilidad de ser descubiertos en alta mar por los estadounidenses.
Un alto mando de la Policía que combate este fenómeno en el departamento agregó que, antes de los bombardeos de los estadounidenses, salían lanchas cargadas de cocaína a través del río Catatumbo y el lago Maracaibo, y que terminaban en el Caribe, frente a Puerto Rico y República Dominicana. Ahora, cuando caen misiles sobre los transportadores, las rutas se han modificado y el negocio ha entrado en crisis.
El mismo oficial de la Policía reveló que la cocaína se está evacuando con dificultad por medio de Brasil, para evitar la persecución de los estadounidenses. Esa complejidad logística ha llevado a los narcotraficantes a apostar por otras regiones del país como Nariño, Cauca y Putumayo, donde habría menos atención de las fuerzas extranjeras.
Además, se están abriendo nuevas rutas para llegar a los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, donde hoy tienen injerencia grupos ajenos a los productores de cocaína de Norte de Santander, como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que podría generar una ola de violencia, según las proyecciones de las autoridades.
María Ceballos, cuyo nombre fue modificado a petición propia, se ha dedicado toda su vida a esta producción ilícita en Tibú, el pueblo con mayor cantidad de hectáreas sembradas con hojas de coca del planeta. Ella confirmó que la base de coca está represada desde noviembre en las fincas y que el hambre se ha apoderado de algunas familias que sobreviven con este mercado.
A través de un teléfono, ella describió a un equipo de SEMANA: “No hay compra de nada. Ya no hay trabajo porque no hay plata. Para uno de obrero, fiado no trabaja. De mal en peor”.
En esta nueva crisis, los adinerados de la zona canjean pasta de coca por comida y víveres, confiando en que en algún momento el mercado mejore. Los establecimientos comerciales hacen lo mismo bajo las presiones de los actores delincuenciales, como el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Hoy el kilo de pasta de coca se paga a 1.500.000 pesos, cuando en mejores tiempos podría superar los 3 millones. Esa venta, de acuerdo con la fuente, se materializa a regañadientes y luchando contra amenazas: “Hay que rogar. Si lleva mugre, menos”.
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