El Senado de Estados Unidos se dispone a debatir y aprobar una resolución que, sin haber sido informado previamente de la operación militar en Venezuela, busca ahora fijar posición política y empujar a la Administración de Donald Trump a reconocer formalmente a Edmundo González y a María Corina Machado como referentes legítimos de la transición venezolana. Los republicanos, que son mayoría, prevén una pronta aprobación.
Por ABC
La iniciativa parte del senador republicano Rick Scott, de Florida, y cuenta con el respaldo de un bloque significativo del ala dura del Partido Republicano. Entre los firmantes figuran Ted Budd, Tom Cotton, Marsha Blackburn, Tommy Tuberville, Cynthia Lummis, Eric Schmitt, Katie Britt, Mike Rounds, Kevin Cramer y John Curtis, entre otros. La resolución elogia la operación militar ejecutada el 3 de enero, da por desmantelado el liderazgo del narcotráfico vinculado al chavismo y presenta a González y Machado como los líderes democráticos llamados a encabezar el nuevo escenario político en Caracas.
El texto tiene un doble objetivo. Por un lado, cerrar filas en torno a la operación militar, que se ejecutó sin consulta previa al Congreso, algo que ha generado incomodidad incluso entre senadores aliados de la Casa Blanca. Por otro, utilizar el respaldo del Senado como instrumento de presión política sobre Trump para que dé un paso más allá del apoyo tácito y avance hacia un reconocimiento explícito del liderazgo opositor en el proceso de transición.
Posición del Senado
Aunque la resolución no es jurídicamente vinculante, su peso político es relevante. Marca la posición del Senado en un momento clave, refuerza a la oposición venezolana en el plano internacional y limita el margen de maniobra de la Casa Blanca si opta por prolongar contactos paralelos con sectores del poder interino que encabeza Delcy Rodríguez. En Washington se interpreta como una señal clara: el Congreso quiere influir en la fase siguiente del proceso y dejar constancia de que la transición no debe quedar exclusivamente en manos del Ejecutivo ni condicionada solo por la negociación energética.
Lea más en ABC