Florida se dispone a cerrar aún más el cerco contra los migrantes en situación irregular con un paquete de nuevas leyes que incluiría desde una presunción de culpabilidad de facto en accidentes de tránsito hasta sanciones penales para empresas que los contraten, además de restricciones al acceso a servicios financieros, licencias y al envío de remesas al extranjero. La legislatura estatal comienza su sesión anual a partir de este martes y ya tiene sobre la mesa varias propuestas de leyes contra los migrantes respaldadas por el republicano Ron DeSantis, cuyo Gobierno se ha colocado a la vanguardia nacional en la ofensiva antiinmigrante impulsada por el presidente Donald Trump.
Por El País
Entre las iniciativas destaca el proyecto de ley SB 1380, que establece una “presunción de culpabilidad” en accidentes de tránsito que involucren a conductores no autorizados provenientes de otros Estados, salvo que la otra parte estuviera conduciendo bajo los efectos del alcohol o drogas. La medida obligaría además a las autoridades a verificar el estatus migratorio de las personas implicadas en un accidente y limitaría los beneficios y acuerdos de indemnización que pueden pagar las aseguradoras a los conductores indocumentados.
Otro apartado del mismo proyecto busca imponer fuertes multas a empresas que contraten a migrantes indocumentados. Florida ya exige desde hace dos años que las compañías con más de 25 empleados utilicen el sistema E-Verify para comprobar el estatus migratorio de sus trabajadores. La nueva propuesta de ley establecería penas más severas, incluyendo la revocación por un año de la licencia y multas de hasta 10.000 dólares para los negocios que violen la medida por primera vez, hasta cinco años y 100.000 dólares en una segunda instancia, y la pérdida permanente de la licencia y penalidades de hasta un cuarto de millón de dólares en caso de reincidencia.
Las empresas que contraten más de 50 empleados en situación migratoria irregular incurrirían en un crimen que podría ser penado con cárcel y la pérdida completa de la licencia del negocio, según el texto.
El proyecto, de 34 páginas, también establece restricciones para el envío de remesas a otros países desde Florida, uno de los mayores enclaves migratorios de América Latina. Los negocios de envío de remesas tendrían que verificar el estatus migratorio de quienes envían dinero, y podrían perder su licencia si incumplen la norma.
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