Desde febrero de 2025, el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Las Acacias, Caracas, dejó de ser solo un centro operativo antidrogas para convertirse en una cárcel con detenidos relevantes para Diosdado Cabello, entre ellos, el venezolano estadounidense Andrés Ibarz, así como David Pita el empresario de los 104 lingotes de oro que involucró a Delcy Rodríguez y a Víctor Aldama en España; también hay más de treinta militares y cinco alcaldes.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Antes de la Operación Resolución Absoluta, con la que fuerzas militares de los EEUU se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Adela Flores de Maduro, le hicieron grabar, a Andrés Ibarz, un vídeo, con el pasaporte estadounidense en la mano, enfatizando su segunda nacionalidad. Su familia habría contacto con el Departamento de Estado del país del norte.
El almacén de la empresa de Ibarz, que se encarga de entregas puerta a puerta, fue allanado y las encomiendas desaparecieron en manos de los funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), dependiente del Ministerio del Interior y Justicia, a cargo del teniente retirado del Ejército, Diosdado Cabello Rondón.
Desde el año pasado se intensificaron las detenciones con el GOES y la estructura antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), aplicando la “Operación Tun Tun”, cuyas víctimas son trasladadas encapuchadas, sin orden judicial y remitidas directamente a tribunales de terrorismo. “Diosdado Cabello es quien da las órdenes de todo lo que se hace en el CNA”, le dice un custodio a Infobae.
Actualmente, en el Comando Nacional Antidrogas de Las Acacias en Caracas hay alrededor de 72 detenidos, de los cuales 35 son militares activos, 5 son alcaldes, 20 empresarios, entre ellos uno de nacionalidad estadounidense y dos mexicanos, y 12 civiles.
Del caso de los empresarios, entre ellos el venezolano estadounidense, mexicanos y varios oficiales activos y retirados, les leyeron sus derechos el 01 de noviembre 2025 y los enviaron a una celda de castigo denominada El Tigrito, “sin luz y en condiciones infrahumanas”.
El 4 de noviembre fueron presentados, vía telemática ante el Tribunal Cuarto de Terrorismo, sin haberles permitido defensa privada entonces ni hasta el momento. “Han violentado todos sus derechos constitucionales y las leyes que amparan el debido proceso”, le dice a Infobae una fuente relacionada al caso.
Los funcionarios que son señalados de haber cometido actos de tortura contra los detenidos serían el mayor Joel Eduardo Suárez Gutiérrez y el mayor del grupo EMI llamado Rodríguez Aldana; igualmente el SM1. Pedro Luis Montoya León alias “El Munrra”. Desglosemos una de las causas.
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