La tolerancia es una virtud pública, un músculo sin el cual la democracia se atrofia y la convivencia se rompe. Debemos ejercitarla, por supuesto. Es el consejo elemental de la decencia cívica.
Pero hay una verdad incómoda, una línea tenue y esencial que a menudo se difumina: la tolerancia no es, no puede ser, neutralidad moral. No es un acto de fe en lo arbitrario. Cuando se la fuerza, cuando se la estira hasta cubrir lo que no debe ser cubierto, la tolerancia deja de ser un principio y se convierte en un mecanismo de encubrimiento. En una coartada.
De ese modo, un ideal noble se pervierte en licencia para el desmán. Hay un trecho largo y oscuro entre aceptar al otro, con sus diferencias legítimas, y aceptar los demanes evidentes, los abusos que se escudan en ese mismo principio. Llamar a esto tolerancia es una estupidez; o algo peor: es una forma de cinismo que no construye entendimiento, sino que excava el foso de la desconfianza.
Y entonces aparece el lenguaje, siempre el lenguaje, prestándose al juego. La palabra “presunto” es un término jurídico necesario, un escudo contra la arbitrariedad. Pero cuando se usa como alcahueta, anteponiéndola a delitos cuya veracidad es abrumadora, palpable, la palabra se vacía y se ensucia. Se transforma en un ritual de hipocresía.
Nadie, en su sano juicio, puede creer que el equilibrio o el respeto consisten en hacer de celestino de lo indecible, de pontificar sobre matices mientras se ignoran fechorías flagrantes. La verdadera tolerancia exige lucidez, y a veces la lucidez exige nombrar la verdad, por incómoda que sea. Callarla no es ser tolerante. Es ser cómplice.