Sin importar que este proceso haya comenzado o no, es imperativo que ocurran dos transiciones que, si bien operan en planos distintos, deben estar profundamente relacionadas. Una transición institucional/jurídica y una transición del bienestar humano (físico y mental).
Esta declaración no surge de una mera elaboración teórica, sino de una real necesidad producto del deterioro en los aspectos físicos y psíquicos de la población. El deterioro infligido a las dependencias del poder público y a las instituciones autónomas, una merma absoluta en la eficiencia de la educación formal, sumado a las carencias en alimentación y servicios sanitarios que han desgastado el cuerpo orgánico del ciudadano; constituyen núcleos críticos que deben ser abordados de manera simultánea.
Este rezago en todos los ámbitos nacionales ha provocado la pérdida de capacidades, que se habían consolidado décadas atrás y definitivamente, la inexistencia de otras. En este escenario de reconstrucción, el peso recae sobre el orden jurídico: es necesario un código de normas legales robusto, el adecentamiento de las instituciones y una verdadera independencia de poderes, dinamizado completamente en el contexto de la sociedad.
Y es por ello que la sociedad también requiere de un cambio de paradigmas basado en la cultura cívica y el respeto. Estos valores irán creando las condiciones necesarias para que la población dé sentido a sus libertades y haga un uso responsable de la institucionalidad.
Esta transición integral (y en lo posible, simultánea) es lo que permitirá, en última instancia, afianzar la democracia para generar un clima de seguridad, confianza, y bienestar; promoviendo el trabajo, el estudio, la innovación e industrialización en el país.
Frente a esto, puede haber cuestionamientos o dudas, en la relación que guarda cualquier amenaza con el deterioro físico y cognitivo, pero es simple: una población con hambre y estrés no puede defender la ley.
Es fundamental reconocer que estas deficiencias no son un daño colateral, sino un freno directo a la prosperidad. Una ciudadanía con procesos de pensamiento erosionados por el estrés crónico o fragilidad educativa, tiene dificultades para distinguir las desviaciones, entender procesos legales complejos o participar activamente en la vida pública.
La salud biológica y mental es el sustrato indispensable sobre el cual se edifica la capacidad productiva y el juicio crítico. Ninguna reforma política funcionará si el ciudadano está físicamente agotado.
La transición debe ser integral: sanando al individuo para que sea capaz de ejercer su libertad construyendo una democracia eficaz y no una institucionalidad de papel sobre un terreno de cenizas.