Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, Venezuela mostró una reacción dispar. Mientras el oficialismo movilizó a sus bases para exigir la liberación de quien consideran un “presidente secuestrado”, en las calles del país no se registraron celebraciones por parte de sectores opositores, lo cual llamó la atención de observadores externos.
Por Connectas
Este silencio contrastó, además, con los festejos de la diáspora en diversas capitales del mundo. Pero dentro del país no hubo bocinas resonando ni grandes concentraciones en plazas públicas.
Lejos de indicar apatía o indiferencia, esta ausencia de festejos no responde necesariamente a un sentimiento de rechazo por parte de la población a la captura de Maduro, sino a un entramado consolidado de represión, vigilancia y amenazas que ha alcanzado un punto álgido tras la implementación de un decreto de Estado de Conmoción Exterior posterior al 3 de enero de 2026.
El Decreto de Conmoción Exterior y el silencio de la disidencia
Bajo el Decreto N° 5.200 de Estado de Conmoción Exterior, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.954, se legalizó la persecución de cualquier manifestación a favor de la operación estadounidense. La normativa avala la detención de personas por actos interpretados como “promoción o apoyo” a la captura de la pareja Maduro-Flores, penalizando incluso gestos simbólicos o expresiones mínimas.
“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento”. Artículo 5 del decreto de Conmoción Exterior
En ese contexto, la formulación “promoción o apoyo” tiene un alcance lo suficientemente amplio como para permitir arrestos por expresiones mínimas de satisfacción ante la captura de Maduro, ya sea en redes sociales, chats privados o espacios públicos.
Poco después de la aprobación del decreto, comenzaron a materializarse los primeros casos.
En el estado Mérida, dos hermanos agricultores de 64 y 65 años fueron detenidos en la localidad rural de Río Negro tras “celebrar” con disparos al aire. Según Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, los hombres fueron denunciados por vecinos militantes del oficialismo después de que, “en estado de ebriedad”, efectuaron disparos con escopetas en la fachada de su propia vivienda e hicieran comentarios burlescos.
En Valencia, estado Carabobo, funcionarios del Centro de Coordinación Policial La Isabelica arrestaron a dos hombres que, según las autoridades, se desplazaban en motocicleta cuando fueron señalados por incitación al odio, traición a la patria, “además de promover y apoyar el ataque de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela”. La policía sustentó el procedimiento en el Decreto N.º 5.200.
“La nota no abunda en detalles sobre el caso, pero sí en la justificación de la detención. No dice, por ejemplo, dónde fueron detenidos. Tampoco dice qué estaban haciendo”, dice una nota de prensa de El Carabobeño respecto al reporte policial.
Familiares de los hombres detenidos en Carabobo desmintieron la versión publicada por las autoridades en redes sociales. Aparentemente, uno de ellos fue requisado y tras encontrar en su teléfono una conversación sobre la situación en el país, fue obligado a llevar a los funcionarios a la casa del otro joven, donde ambos fueron detenidos, según un artículo de El Pitazo.
La expresión en redes sociales también provocó la detención de Carlos José Guzmán Armas, de 40 años, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, por la difusión de un video en TikTok donde realizaba comentarios dirigidos al ministro Diosdado Cabello. De acuerdo con lo publicado por medios locales tras la circulación del video, efectivos de seguridad lo localizaron y capturaron, quedando a disposición del Ministerio Público bajo cargos de incitación al odio y difusión de contenido desestabilizador.
El 5 de enero, quince adolescentes y 8 adultos fueron detenidos en Barcelona, estado Anzoátegui, mientras jugaban carnaval en el sector “La Burra”. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Municipio Bolívar efectuaron el arresto tras atender una llamada anónima que denunciaba supuestos “actos terroristas” en la zona y fueron imputados por incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir. Según el exfiscal Zair Mundaray, la Policía del Municipio Bolívar les atribuyó “estar celebrando” la detención de Maduro.
De acuerdo con lo denunciado, a los jóvenes no se les permitió defensa privada y los funcionarios les habrían sembrado evidencias como “piedras y botellas que no tenían”. Tras la presión pública que generó el caso, los adolescentes fueron excarcelados durante la madrugada del 13 de enero, aunque permanece la incertidumbre sobre si la libertad es plena o condicionada. Los ocho adultos detenidos en el mismo operativo continuaban privados de libertad al momento de las excarcelaciones.
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