Las democracias rara vez colapsan de manera abrupta. Al contrario, a menudo se debilitan cuando las élites aceptan arreglos transitorios que preservan estructuras autoritarias en nombre de la estabilidad, incluso después de que esas estructuras han perdido toda legitimidad social.
La situación política venezolana ha derivado en una tensión entre la continuidad administrativa del poder y la legitimidad moral que emana de la soberanía popular. No se trata de una anomalía, sino de un patrón bien documentado en procesos de erosión democrática: cuando las transiciones se diseñan para preservar estructuras heredadas, se apoyan en acuerdos deliberadamente ambiguos y descansan en actores que han perdido autoridad pero conservan control institucional. El resultado no es estabilidad, sino desgaste.
Venezuela, en enero de 2026, evidencia con claridad cómo la decisión de Washington de no respaldar militarmente al gobierno electo en 2024 y la determinación de la oposición democrática de evitar costos humanos han generado un vacío político en el que actores desprovistos de legitimidad ya no gobiernan en sentido pleno, pero continúan controlando el Estado.
La captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, junto con su esposa, marcó un quiebre histórico. El régimen que durante años pareció inamovible perdió súbitamente su vértice. Sin embargo, la caída del líder no produjo, como muchos esperaban, una restauración inmediata del orden democrático. En su lugar, emergió una transición tutelada, administrada por figuras del mismo aparato que había vaciado de contenido a la democracia venezolana.
En ese contexto se inscribe la reunión reciente entre María Corina Machado y Donald Trump, acompañados por el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio y la jefa de gabinete, Susan Wiles. El encuentro, descrito como cordial y empático, fue recibido con optimismo cauteloso por la líder opositora y premio Nobel. “Contamos con el presidente Trump para la liberación de Venezuela”, afirmó. La frase es poderosa, pero también revela la tensión central del momento: ¿liberación en qué condiciones y a qué costo democrático?
Gobernar desde el miedo
Para entender la lógica de los actores que hoy controlan el Estado venezolano es necesario abandonar la idea clásica de que buscan maximizar poder o estabilidad. Su comportamiento se parece más al de jugadores que han perdido la partida principal y ahora intentan evitar el peor desenlace. La prioridad ya no es gobernar, sino sobrevivir.
La liberación “a cuentagotas” de presos políticos ilustra esta lógica. Cada excarcelación parcial no es un gesto humanitario genuino, sino una ficha retenida para retrasar decisiones irreversibles. El tiempo se convierte en el recurso estratégico más valioso. Ganar días, semanas o meses permite negociar salidas individuales, reacomodar lealtades internas y, sobre todo, evitar un colapso inmediato del sistema de protección mutua que ha sostenido al narcorrégimen durante años.
Esta conducta no es nueva. Desde Oslo hasta Barbados, el madurismo perfeccionó una técnica: aceptar demandas democráticas en el papel y posponer o ignorar su cumplimiento en la práctica. Lo novedoso ahora es que esa táctica se ejecuta desde una posición de debilidad estructural, no de fuerza.
Un juego que se descompone desde adentro
La transición venezolana no enfrenta un conflicto binario entre autoritarismo y democracia, sino una lucha interna dentro de un régimen fragmentado. Delcy Rodríguez, presidente interina, intenta cumplir parcialmente con las exigencias de Washington para mantenerse en el poder y evitar las consecuencias ya advertidas por Trump -”un final peor que el de Maduro”, advirtió el jefe de la Casa Blanca-, mientras enfrenta resistencia de los sectores más duros del aparato de seguridad, encabezados por figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.
El resultado es un equilibrio inestable. Cumplir demasiado rápido con demandas como la liberación total de presos políticos o el desmantelamiento de los cuerpos represivos podría desencadenar una implosión interna. Cumplir lentamente, en cambio, incrementa el riesgo de una intervención externa más dura o la pérdida total de respaldo internacional. Ninguna de las opciones es sostenible a largo plazo.
La oposición democrática, liderada por María Corina Machado, juega un rol distinto. No controla instituciones ni fuerzas armadas, pero domina un recurso clave: la legitimidad social. Desde las elecciones del 28 de julio de 2024, cuya victoria de Edmundo González Urrutia fue ampliamente reconocida por la ciudadanía, la narrativa democrática dejó de ser aspiracional para convertirse en mandato popular.
El umbral que ya fue cruzado
Las encuestas recientes muestran que la sociedad venezolana ha atravesado un punto de no retorno. Ideas que durante años fueron presentadas como radicales —la liberación plena de presos políticos, la disolución de los aparatos de represión, la ruptura con el narcotráfico y las guerrillas— hoy no solo son un deseo, sino exigidas. En cambio, propuestas como un “chavismo reformado” o una reconciliación sin justicia han quedado socialmente deslegitimadas.
Este desplazamiento del sentido común colectivo tiene consecuencias profundas. Los regímenes autoritarios pueden sobrevivir durante años sin elecciones libres, pero no sin algún grado de aceptación social. Cuando esa aceptación desaparece, el poder se reduce a pura coerción, y la coerción, por definición, es costosa e inestable.
Esta es una de las principales causas por las cuales la estrategia estadounidense ha generado tensión. Washington prioriza la estabilidad inmediata: evitar un vacío de poder, un conflicto civil o la consolidación de un narcoestado ingobernable. La sociedad venezolana, en cambio, exige una ruptura clara con el pasado. Ambas racionalidades chocan.
Cuando el Estado pierde la hegemonía
El aparato represivo venezolano —la Dgcim, el Sebin, la Policía Nacional Bolivariana, los sistemas de vigilancia interna— sigue funcionando, pero ya no produce obediencia duradera. Produce miedo, resentimiento y deserción silenciosa. Incluso dentro de las fuerzas armadas, tradicionalmente vistas como el sostén del régimen, los datos electorales muestran un apoyo mayoritario al cambio político. Los militares no son aliados ideológicos del madurismo-rodriguismo; son, en muchos casos, rehenes de un sistema que los vigila y castiga.
En este escenario, la oposición democrática ha logrado algo que pocas veces se reconoce a tiempo: construir una autoridad moral antes de acceder al poder institucional. Los presos políticos, el relato del 28 de julio y la insistencia en la justicia no son consignas retóricas, sino los cimientos de una nueva legitimidad.
La ilusión de la transición controlada
La historia reciente ofrece lecciones claras. Las transiciones diseñadas para preservar casi intactas las redes autoritarias suelen fracasar. Pueden producir una calma momentánea, pero no reconstruyen la confianza ciudadana ni el Estado de derecho. Sin legitimidad, cualquier orden es provisional.
El caso venezolano recuerda que las democracias no solo mueren por golpes de Estado, sino también por acuerdos que sacrifican principios en nombre de la gobernabilidad. Cuando la estabilidad se convierte en un fin en sí mismo, la democracia deja de ser el horizonte y pasa a ser una variable negociable.
Una advertencia final
La pregunta que enfrenta hoy Venezuela no es si el viejo régimen puede sobrevivir. Todo indica que no. La verdadera incógnita es si la comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, comprenderá que no se puede administrar indefinidamente una transición sin legitimidad. El tiempo que el régimen intenta ganar es el mismo que erosiona la posibilidad de una reconstrucción democrática sólida.
María Corina Machado lo entiende. Su optimismo no proviene de concesiones inmediatas, sino de una lectura más profunda: el poder real ya se desplazó. No está en los despachos, ni en los cuarteles, sino en una sociedad que cruzó el umbral y no está dispuesta a retroceder.
Las democracias mueren en silencio. Pero también, a veces, renacen cuando quienes las reclaman se niegan a aceptar una estabilidad construida sobre el miedo. Venezuela está en ese punto crítico. Y el desenlace dependerá de si se escucha, o no, a quienes ya decidieron que el pasado no es una opción.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends