
Venezuela atraviesa un momento político excepcional y profundamente delicado. Con Nicolás Maduro preso en una cárcel federal, el país se encuentra bajo una administración interina encabezada por Delcy Rodríguez, una figura que no ha sido electa por el voto popular y que, además, formó parte estructural del régimen anterior. Esta situación, acompañada por la influencia directa y el acompañamiento estratégico de la administración de Donald Trump, genera comprensibles inquietudes, dudas y tensiones en la ciudadanía.
Ante este escenario, es indispensable hablarle con claridad al pueblo venezolano: los procesos de transición democrática no son inmediatos, ni lineales, ni perfectos. La historia del país ya nos ofrece un precedente valioso que merece ser recordado con serenidad y perspectiva.
En enero de 1958, tras la salida abrupta del dictador Marcos Pérez Jiménez, Venezuela no pasó automáticamente a la democracia. Muy por el contrario, el país quedó en un vacío institucional que fue ocupado por una Junta de Gobierno integrada por militares y civiles, algunos de los cuales habían formado parte del entramado del poder autoritario que se pretendía superar. Aquella realidad generó, en su momento, desconfianza, escepticismo y temor entre amplios sectores de la población.
Sin embargo, fue precisamente esa etapa transicional imperfecta, provisional y vigilada la que permitió restablecer libertades públicas, legalizar partidos políticos, abrir el debate nacional y, con el paso de los meses, organizar un proceso electoral que culminó en las elecciones de diciembre de 1958. No fue un camino corto ni exento de riesgos, pero fue un proceso conducido con visión histórica, acuerdos políticos y responsabilidad institucional.
Hoy, Venezuela se enfrenta a un desafío comparable en complejidad, aunque distinto en sus formas. Existe un poder interino sin legitimidad electoral directa, instituciones debilitadas y una fuerte tutela internacional. A ello se suma una sociedad agotada por años de crisis económica, migración forzada y fractura social. En este contexto, la impaciencia es comprensible, pero también puede ser peligrosa.
La historia demuestra que exigir soluciones inmediatas en escenarios de transición suele abrir la puerta a salidas autoritarias, improvisadas o violentas. La democracia no se impone; se construye. Y esa construcción requiere tiempo, acuerdos amplios, vigilancia ciudadana y una comprensión clara de que el objetivo final no es la sustitución de nombres, sino la restitución plena del Estado de derecho.
Así como en 1958 Venezuela necesitó meses de organización política, negociación entre actores enfrentados y garantías mínimas de estabilidad antes de votar, hoy también será necesario atravesar una etapa de transición que no responderá a todas las expectativas de forma inmediata. La clave está en que ese proceso tenga una dirección clara: elecciones libres, separación de poderes, respeto a la voluntad popular y reinstitucionalización del país.
El llamado a los ciudadanos venezolanos es a la paciencia consciente, no a la resignación; a la vigilancia activa, no a la pasividad; y a la memoria histórica, no al olvido. Venezuela ya transitó una vez desde la dictadura hacia la democracia. Aquella experiencia no fue perfecta, pero fue posible porque la sociedad entendió que los procesos profundos requieren madurez política.
Hoy, nuevamente, el país está ante una encrucijada. La historia no se repite exactamente, pero sí rima. Y comprender esa lección puede marcar la diferencia entre una transición ordenada hacia la democracia o un nuevo ciclo de frustración nacional.
Dr. Alfonzo Bolívar
