Un juez de Curazao declaró parcialmente con lugar la apelación de un emigrante venezolano, al que el gobierno de la isla le negó una solicitud de asilo por razones de persecución política.
El demandante es oriundo de Coro, capital del estado Falcón. Aunque su nombre fue omitido en cumplimiento de una norma de “anonimización”, aplicada por la justicia de la isla, durante el proceso trascendió que se trata de un colaborador y activista del partido socialcristiano Copei en Falcón.
El hombre huyó en una lancha a ese país en abril de 2024. De inmediato fue arrestado por considerarse que había violentado la legislación migratoria curazoleña. El ministro de Justicia -y encargado de los asuntos migratorios- Shalten Hato, decidió que el activista sería expulsado en mayo. Pero la orden no fue ejecutada, y en junio presentó una solicitud de protección, con el alegato de que se trata de un perseguido político.
A partir de ese momento, se inició un proceso administrativo en el que se le pidió al emigrante la entrega de las informaciones que permitirían documentar las razones de su emigración.
Dijo que desde 2016 estaba involucrado en trabajos sociales para mitigar los efectos de la “hambruna” que se vivía en Falcón, junto a dirigentes de la tolda socialcristiana. Esto lo hacía a través de una empresa de abasto. Pronto, el régimen se fijó en él. Indicó que miembros de un colectivo le dispararon en una pierna durante una manifestación callejera en la capital falconiana. Luego, su líder dentro del partido tuvo que huir a Estados Unidos cuando le “explotaron” una furgoneta.
El demandante indicó que en 2017 fue arrestado y extorsionado por la policía. Posteriormente, fue imputado por un ataque a un fiscal del Ministerio Público. Aseguró que durante su tiempo tras las rejas fue atacado por orden de la familia de este funcionario. Tuvo fracturas en dos costillas, lesión en la columna vertebral y cortes en un brazo. Un juzgado de Coro lo condenó a siete años de prisión. En 2021, ganó la libertad gracias al llamado Plan Cayapa, aplicado por el Ministerio para Servicio Penitenciario.
Indicó que las extorsiones por policías continuaron, hasta que él no pudo pagarles más. Al iniciar 2024, optó por vender un carro con el que hacía traslados, y tomar una lancha desde Puerto Cumarebo hasta Curazao.
Autoridades escépticas
Los representantes del Ministerio de Justicia manifestaron ante el juez que conoció de la apelación, Sander Lanshage, que consideraban “poco creíble” el relato del activista copeyano.
Indicaron que los hechos de 2016 y 2017, y el encarcelamiento hasta 2021, no son la “razón directa” de la solicitud de protección. Por lo tanto, no fueron objeto de evaluación por el despacho ministerial.
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