Hace unos días, como si de emergencia legislativa se tratase y sin siquiera informar a los diputados de la escasa y raquítica oposición parlamentaria, se aprobó en primera discusión la reforma a la Ley de Hidrocarburos. Esa ley, en un país petrolero, es de las más importantes y su modificación debió partir de un amplio debate nacional y surgir de un sustancial consenso político; lamentablemente, no fue así. La apresurada discusión y aprobación de esa ley es inseparable de los acontecimientos del 3 de enero, es su consecuencia directa, no puede decir ningún humilde diputado oficialista “eso lo había aprobado Nicolás en diciembre” porque, al igual que con la liberación de presos políticos, es una decisión que no nació en Miraflores sino en Washington, en este caso particular, quizá, hasta nació en alguna oficina de Chevron.
Entre las innovaciones “revolucionarias” de esta nueva Ley de Hidrocarburos se encuentra que la gestión operativa de la industria petrolera pasó, de ser reservada mayoritariamente al Estado, a la posibilidad de que sea ejercida totalmente por un socio privado y, además, de ser un monopolio estatal en manos de PDVSA, a la autorización “excepcional” para que actores privados puedan comercializar directamente. Bien sabemos que, para donde vamos, lo excepcional será la regla.
Sin embargo, lo que mejor resalta e indica el signo de los tiempos, es lo relativo a reducir las regalías a las empresas petroleras de 30% a 15% y, aún más llamativo, que en materia de litigios, pasamos de la resolución de controversias con las empresas petroleras exclusivamente en tribunales nacionales, a la posibilidad de “arbitraje independiente y mecanismos de mediación”, así sin decir cuál o dónde. Sobre este punto, hay que poner la lupa. ¿Dónde será que se ventilen las controversias con las empresas petroleras? ¿En los tribunales de Cabo Verde?, visto lo visto, lo que ocurrirá es que esos litigios entre las empresas norteamericanas y Venezuela se resuelvan con jueces norteamericanos, jurado norteamericano y en suelo norteamericano. Es una curiosa bilateralidad, lograda a punta de bombazos, en la que una parte tiene todas las ventajas y la otra todos los perjuicios.
Esto no es un asunto ideológico, ciertamente la industria petrolera venezolana vive su peor crisis (creada por la absoluta corrupción del chavismo) y requiere inversiones que PDVSA, por sí misma, no puede asumir. Sin embargo, ni tan calvo ni con dos pelucas. La participación de las empresas trasnacionales es necesaria, pero debe hacerse bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, debe hacerse resguardando el patrimonio público que es propiedad de los venezolanos. ¿Cuál sería la forma adecuada de resolver los litigios? No es esta manera, dejando abierta la posibilidad de resolver los asuntos de Venezuela en un tribunal norteamericano, no es el modelo actual en el que se resuelven en un tribunal venezolano (que por lo demás nadie, ni dentro ni fuera del país, considera medianamente independiente y serio). La opción más razonable, es la que ya teníamos desde 1993 y de la que Hugo Chávez, en su cotidiana insensatez, nos desincorporó: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).
El CIADI es el mecanismo arbitral más confiable para controversias entre Estados e inversores extranjeros, fue creado en 1966 y fundamenta su legislación internacional bajo los auspicios del Banco Mundial, del cual forma parte como institución especializada para promover inversiones estables. Funciona mediante árbitros independientes, ni venezolanos ni de la contraparte, que resuelven disputas con transparencia y ejecutoriedad automática en los países miembros, sin sesgos nacionales como los que temeríamos en tribunales yanquis o la farsa local. Sus beneficios son claros: para los Estados como Venezuela, ofrecería la predictibilidad jurídica que atraería inversiones sin comprometer nuestra soberanía en arreglos dolosos con amenazas de agresión internacional, blindando el patrimonio público con reglas claras y garantías comerciales justas para los inversores, sólo así se equilibrará la cancha en vez de inclinarse a favor de Chevron o similares.
Si los legisladores tienen alguna función en el parlamento, pueden en una segunda discusión incorporar estas sugerencias y argumentos. Para que, al menos, no sea tan obvio que su extenuante trabajo es levantar la mano y calentar un asiento.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica