Venezuela ha dejado de ser un país en crisis para convertirse en un teorema de resistencia imposible. Hoy, enero de 2026, es un territorio en el que las leyes de la lógica política se han suspendido, una nación con dos gobiernos, una legitimidad en el exilio, un Nobel de la Paz en la clandestinidad y una silla presidencial vacía tras la captura que nadie creyó posible. Lo que sigue no es solo una crónica de la desintegración institucional, sino el análisis de un equilibrio perverso, maligno, donde el poder no se ejerce, se impone sobre las cenizas de una estabilidad que no llegó.
Venezuela es una partida extraña, no transita hacia una democracia sólida y ordenada, tampoco experimenta un plan de estabilización económica confiable. Lo que impera es la coexistencia caótica de narrativas contradictorias que evidencian la fragmentación del poder y confirman la ausencia de un proyecto político posible.
El resultado electoral del 28 de julio de 2024, abrió una fase inédita con el robo del resultado, el castro chavismo comenzó a fracturarse y la brecha de legitimidad se volvió insalvable. Mientras el oficialismo forzó la juramentación el 10 de enero de 2025 con el argumento estulto de la continuidad constitucional; la legítima oposición liderada por María Corina Machado mantiene con dignidad obstinada el triunfo de Edmundo González Urrutia, demostrado en las actas electorales. Esta dualidad no es retórica; representa un régimen que se sostiene por el poder de las armas tras haber perdido su base de apoyo en los sectores populares.
La estrategia de transición enfrenta barreras internas. La oposición firme y genuina, que no descansa en exigir el cumplimiento del mandato popular. Quienes pretenden reciclar el chavismo, marginando a los ciudadanos; y el fastidioso estorbo sistémico que opera funcionalmente al régimen, debilitando cualquier esfuerzo de cohesión, dificultando soluciones, y se suma, el aparato de terrorismo de Estado. Según la CIDH, el control social y la persecución política han alcanzado umbrales de alarma, con centenares de presos políticos y represión metódica que hace inviable la movilización masiva para exigir derechos civiles y ciudadanos.
Mientras la Corte Penal Internacional alardea de su flojera negligente para aplicar la Ley, el régimen proyecta un crecimiento económico ficticio. A pesar, de que la realidad documentada es devastadora. Heridas abiertas por violaciones a Derechos Humanos y crímenes de Lesa humanidad; más de 20 millones viven en pobreza, casi 8 han huido desde 2014, configurando la crisis migratoria más grave de las Américas, y el llamado «Estado Comunal» propuesto para 2026 no es más que una estrategia de afirmación autoritaria para cerrar el espacio cívico.
La desintegración institucional es general, la ausencia de fecha cierta para la convocatoria electoral que legitime a las autoridades del Estado; instituciones sin independencia ni separación de poderes, TSJ, CNE y Fiscalía operan como apéndices del Ejecutivo, mientras que el monopolio de la fuerza se comparte de forma selectiva con grupos irregulares que ejercen violencia.
En el plano internacional, la fatiga diplomática dio paso a la ruptura drástica. La presión estadounidense culminó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero de 2026, y, aunque amputaron la cúpula chavista, carecen de un plan de transición convincente. Aliados tradicionales como Rusia, Irán, Nicaragua, China y Cuba intentan sostener el remanente; y los países democráticos del mundo tomaron distancia tras el evidente fraude.
Venezuela no está en transición ni estabilización, sino en un estado permanente de crisis, de tensión diaria, constante. La tiranía conserva el poder coercitivo, ahora bajo la presidencia interina surgida de la entraña oficialista, que miente y se burla, con insuficiencias éticas y morales, carente de valores y principios. La oposición ciudadana se niega al silencio y no se doblega, comprometida en recuperar su libertad, ostenta legitimidad electoral, goza del respeto y la obediencia voluntaria de la ciudadanía, pero no logra transformar ese reconocimiento en poder efectivo.
La interrogante no es si el sistema es sostenible, sino cuánto tiempo puede resistir la sociedad en este esquema de baja intensidad democrática, antes que la incertidumbre abierta en 2026 derive en un desenlace definitivo.
@ArmandoMartini