El partido opositor Primero Justicia (PJ) fijó posición este lunes sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, al advertir que sin Estado de Derecho, transparencia y controles institucionales no será posible una recuperación real de la industria petrolera venezolana.
Por: lapatilla.com
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la tolda aurinegra sostuvo que, aunque Venezuela necesita con urgencia inversión, tecnología y empleo para reactivar su economía, el problema central no es solo el contenido de la nueva ley, sino quién la aplica, cómo se aplica y sin qué controles.
“El madurismo destruyó la industria petrolera venezolana”, afirmó Primero Justicia, señalando que años de corrupción, mala gestión y uso político de Pdvsa provocaron el colapso de la producción, la fuga de talento técnico y el deterioro de uno de los principales activos del país.
PJ recordó que la reforma no puede evaluarse “como si viniera de cero”, ya que el mismo poder que hoy habla de apertura es responsable directo de la pérdida de confianza que pesa sobre el sector petrolero venezolano.
Si bien el proyecto oficial plantea una mayor participación privada, flexibilidad operativa y mecanismos de arbitraje, el partido alertó que sin confianza institucional no existe inversión sostenible, y que ningún inversionista serio apostará a largo plazo en un país donde las reglas cambian discrecionalmente y no hay rendición de cuentas.
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“Sin transición democrática, sin mayores libertades y sin Estado de Derecho, no habrá inversión privada seria ni duradera”, subrayó la organización política.
En su pronunciamiento, Primero Justicia estableció cinco condiciones fundamentales que, a su juicio, deben cumplirse para que una reforma petrolera sea creíble y beneficiosa para el país:
1) Arbitraje internacional efectivo y ejecutable, que proteja tanto a los inversionistas como al interés nacional.
2) Subastas y licitaciones públicas y competitivas, para evitar asignaciones discrecionales y maximizar beneficios.
3) Reglas fiscales claras y predecibles, sin privilegios especiales ni discrecionalidad.
4) Un regulador verdaderamente independiente, que supervise y controle las decisiones clave del sector.
5) Transparencia y auditoría total, incluyendo la publicación de todos los titulares de los Contratos de Participación Productiva (CPP) y de los contratos petroleros vigentes, así como acceso público a la información.
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El partido advirtió que el proyecto actual otorga excesiva discrecionalidad al Ejecutivo, lo que representa “una mala señal que augura más corrupción”.
Primero Justicia insistió en que la experiencia venezolana demuestra que sin instituciones legítimas no hay recuperación sostenible, y que las reformas improvisadas solo pueden generar ingresos momentáneos sin corregir el daño estructural causado por años de opacidad y concentración de poder.
Además, señaló que mientras no exista una renovación legítima de los poderes públicos, conforme al mandato expresado por los venezolanos el 28 de julio, y una Asamblea Nacional que represente verdaderamente a los ciudadanos, la inversión estructural seguirá siendo limitada.
“Sin instituciones legítimas no hay confianza, no hay seguridad jurídica y no hay futuro”, enfatizó el partido.
Finalmente, Primero Justicia reiteró que Venezuela necesita el petróleo para reconstruir el país, no para reconstruir redes de corrupción, y cerró su mensaje con una consigna clara: “Apertura sí. Reparto no”.
