En julio de 2020, Juan Eloy Cumaná Rodríguez fue detenido en Valencia, estado Carabobo, por un caso que involucra a su primo Alberto Martínez, alias Charlie. Tras la audiencia de presentación, la justicia venezolana optó por ignorar su situación, encubriendo lo que familiares denuncian como un proceso viciado. Recluido en un container adaptado como celda en el aeropuerto de Valencia, donde su único contacto con el exterior es la visita semanal de una hora que recibe cada sábado.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Mientras viajeros se apresuran con sus maletas por las terminales del aeropuerto internacional “Arturo Michelena”, pocos conocen que, a escasos metros, en la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (URIA), la vida de Juan Cumaná transcurre en espera de que se cumpla el debido proceso. Ocupa una de las celdas que divide el container, cada una con baño propio; en la otra están detenidos el comisario Alvis Pinto y un coronel.
La salud de Cumaná se ha deteriorado, según denuncia su familia, sin acceso a atención médica; los despojaron de sus bienes y viven bajo amenaza de represalias si denuncian el limbo jurídico que rodea el caso. “El Estado lo tiene secuestrado”, afirma un familiar en conversación con Infobae.
Mientras viajeros se apresuran con sus maletas por las terminales del aeropuerto internacional “Arturo Michelena”, pocos conocen que, a escasos metros, en la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (URIA), la vida de Juan Cumaná transcurre en espera de que se cumpla el debido proceso. Ocupa una de las celdas que divide el container, cada una con baño propio; en la otra están detenidos el comisario Alvis Pinto y un coronel.
La salud de Cumaná se ha deteriorado, según denuncia su familia, sin acceso a atención médica; los despojaron de sus bienes y viven bajo amenaza de represalias si denuncian el limbo jurídico que rodea el caso. “El Estado lo tiene secuestrado”, afirma un familiar en conversación con Infobae.
El origen de la acusación se remonta a la relación laboral de Juan Cumaná con su primo Alberto Martínez, señalado por narcotráfico. Sin embargo, la familia sostiene que Cumaná desconocía los negocios ilícitos. “Su primo era la familia rica y le decía que él y su papá, Chiche Smith, tenían buques atuneros que daban mucho dinero”, relatan.
El 15 de julio de 2020, Cumaná, entonces de 30 años, recibió un mensaje de la madre de su novia alertando sobre la desaparición de su hija, sin saber que ambas estaban retenidas por funcionarios. Al acudir al lugar acordado, fue interceptado y trasladado a la sede de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde fue reseñado por “resistencia a la autoridad”.
Familiares denuncian que algunos funcionarios exigieron hasta 10 mil dólares para liberarlo, aunque Cumaná solo percibía 300 dólares mensuales por su trabajo en redes y sistemas para las empresas de su primo.
Posteriormente, fue llevado a la sede antidrogas del aeropuerto, donde habría sido torturado durante tres días. De su apartamento, los agentes incautaron un teléfono y una laptop, en los que “solo encontraron diseños para redes sociales, fotos personales y material de gestión empresarial, pero aun así lo acusaron de legitimación de capitales”.
Los jueces
Fue trasladado a Caracas, ante el tribunal del juez José Macsimino Márquez García, quien, al igual que la Fiscalía, reconoció que no había delito alguno, pero admitió que existían órdenes superiores para no liberarlo. “Por ello, ni siquiera se ha realizado la audiencia preliminar”.
La historia de Juan Eloy Cumaná Rodríguez incluye una etapa en Costa Rica, donde trabajó en diversos oficios, incluso vendiendo perros calientes. En diciembre de 2018 regresó a Venezuela para visitar a sus hijas y fue entonces cuando su primo le propuso diseñar el sistema de ventas para una tienda de teléfonos, aprovechando sus estudios en diseño gráfico, programación y marketing.
El 21 de mayo de 2024, Yecenia María Rodríguez Campos, madre de Juan Eloy Cumaná Rodríguez, se presentó ante la Inspectoría de Tribunales para denunciar a la juez Yoreida De Lourdes Hernández Posse, titular del Tribunal 29 de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas, responsable del expediente judicial número 29C-18543-2021 que involucra a su hijo.
Para seguir leyendo, clic AQUÍ.