La persecución política en Venezuela sigue cruzando fronteras: los casos de Samantha Sofía Hernández (16 años) y Maikelys Borges evidencian una sistemática violación de derechos humanos.
Por lapatilla.com
Samantha Hernández con apenas 16 años fue detenida y procesada bajo leyes del chavismo sin pruebas. Su detención parece una represalia por ser hermana de un militar exiliado y sobrina de una víctima de desaparición forzada, ignorando su derecho a la protección especial por ser adolescente.
Por su parte, Maikelys Borges, fue detenida durante un embarazo de alto riesgo, dio a luz bajo custodia y permanece recluida junto a su bebé. Se denuncia que su encarcelamiento responde únicamente a ser esposa de un perseguido político.
«Ambos casos revelan una práctica particularmente lesiva: la utilización de adolescentes y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad como instrumentos de presión política», denunció la ONG Justicia Encuentro y Perdón en su cuenta de X.
