Urgida por la presión internacional la actual regente del gobierno, llama al país político y seguramente al país nacional, a conciliar sus diferencias, así como a desarrollar un genuino acercamiento signado por “el respeto a la diversidad y el pluralismo”. Lo suyo es, qué duda cabe, una retórica que avanza asistida con las muletas de “unas buenas intenciones”, pero que luce revestida y demeritada, por las reservas de quienes apreciamos muy poca sinceridad en ese propósito.
En la comisión que fue designada a tal efecto, no se incluye a ningún representante del bando que mayoritariamente los adversa, al menos 7 de cada 10 venezolanos, un detalle que anula la iniciativa. Deliberadamente se ignora a un sector el cual, por una obligación práctica -además de lo moral, lo político, y lo estratégico- debe estar representado en ese opaco espacio concebido en Miraflores. Solo así, se podría adelantar una negociación que exige y requiere ser vista como algo serio y complejo.
La oferta la precede un onanismo político fundamentalista y caótico. La expresión es una metáfora peyorativa y altamente crítica, usada en el lenguaje político y periodístico hispanohablante, especialmente en América Latina y España para calificar comportamientos o actitudes políticas que se caracterizan por su autocomplacencia, su patética esterilidad, así como por una introspección narcisista. Por la ausencia de resultados concretos, o de una interacción efectiva con la realidad, o con los otros actores.
La comisión está dominada por militantes y funcionarios del gobierno chavista o alineados con el PSUV. De los 14 integrantes identificados, al menos 7 son ministros, diputados o agentes estatales como el caso de Ernesto Villegas quien funge – o finge – como su coordinador. Nuramy Gutiérrez ministra de Salud, Ángel Prado ministro de Comunas, Larry Devoe agente de DDHH, Génesis Garvett diputada, Francisco Garcés profesor ligado a la UCV bajo control gubernamental, y Gustavo Canchica vocero de los llamados jueces de paz. Solo unos pocos son independientes o no gubernamentales, como Michael Penfold -politólogo del IESA. No así, Ricardo Cusanno empresario y expresidente Fedecámaras, presidente de la Cruz Roja de Venezuela y activista del Foro Cívico. Gerson Gómez (emprendedor), Indira Urbaneja activista pro-gobierno, con ínfulas de porno star, Lanking González movimiento vecinal, Ana María Sanjuán designada secretaria ejecutiva y Miqueas Figueroa un supuesto director cultural. Esta estructura limita la diversidad real y favorece el control gubernamental, convirtiéndolo en un «equipo rígido», sin mecanismos independientes de facilitación o supervisión externa.
La apertura de un diálogo entre pares interpares, con el determinado fin de conciliar un espacio político en este momento -y para poder entenderse- en mi opinión debe partir del reconocimiento del delito electoral que se cometió el 28J y avanzar hacia su completa restauración. Se debe asumir, que lo continuado a partir de ese evento, es un absoluto despropósito político, una travesía de ilegalidades que cerró precisamente toda salida política a la grave crisis institucional que deprime y reduce a la sociedad venezolana desde hace ya varias décadas. Ese reconocimiento, servirá precisamente, como el preámbulo a lo que debe ser esa sociedad plural, diversa y respetuosa, a la cual se refiere la regente del gobierno cuando formula su incordial invitación.
Aunque se declara «abierto a cualquier venezolano de bien», no hay protocolos claros para incorporar voces disidentes o criterios para su selección, lo que excluye a los personajes críticos. Además, el plan de 100 días carece de indicadores medibles o de una auditoría independiente, lo que debilita su imprecisa capacidad para generar resultados concretos en lo que respecta a la estabilidad política. Al ser coordinado por el ministro Villegas, depende directamente del Ejecutivo, lo que erosiona su autonomía y lo expone a sectarias interferencias partidistas.
Se promueve como «plural y diverso», pero su esencia es unidireccional, priorizando la «convivencia» bajo términos gubernamentales sin abordar la causa raíz, como la represión pasada, la inhabilitación de opositores, así como la comisión de los infames delitos electorales. Esto refleja un enfoque conceptual superficial, donde el diálogo se usa como la retórica necesaria para «consolidar la democracia sólida» sin cuestionar el legado autoritario, lo que Michael Penfold defiende como una «oportunidad» pero ojos más críticos, lo ven como un caso de oportunismo crónico.
Ignora conceptos clave como la justicia transicional (amnistías, reparaciones) o la inclusión de víctimas de violaciones a DDHH, enfocándose en «paz» como estabilidad sin rendición de cuentas. En teoría, un diálogo plural debería basarse en principios como los de la ONU para transiciones democráticas, pero aquí parece más un instrumento para mantener el statu quo.
El énfasis en «responsabilidad en el ejercicio de la política» y «basta de mentir» (como dijo la señora Rodríguez) implica una narrativa que culpa a la oposición por divisiones, sin admitir la necesaria autocrítica gubernamental. El programa, en su intención tiene cierto potencial, pero sus debilidades lo limitan con un corsé de hierro fanático e impermeable a las ideas. Seguramente una oportuna reforma hacia una mayor inclusión, lo fortalecería. A ese conveniente caldo le faltan opositores, veedores internacionales como EEUU y la UE, los países vecinos como Colombia y Brasil, el FMI o el Banco Mundial. Faltan las figuras claves del universo opositor, en una proporción no menor a 50% del total de miembros.
Por ejemplo, son nombres para estar representándonos algunas figuras sectoriales como Alfredo Romero Foro Penal por su trabajo en defensa de los DDHH; Monseñor Diego Padrón o Víctor Hugo Basabe (CEV); Feliciano Reyna Acción Solidaria por la Sociedad Civil; Enrique Márquez ex-CNE, por los expertos electorales y ahora por los presos políticos, así como Mariela Magallanes una exiliada, que bien puede representar a muchos en nombre de la diáspora. En un diálogo genuino, la proporción ideal de «demócratas adversarios» (opositores al chavismo) debería ser al menos 40-50% del total de integrantes para garantizar equilibrio y evitar dominación. Esto sigue recomendaciones de organismos como la ONU o la OEA para procesos de transición, donde la paridad (50/50) fomenta la confianza mutua. Actualmente, solo alrededor del 30% (4-5 de 14) son “no gubernamentales”, y ninguno es un “opositor declarado”, lo que resulta muy insuficiente. Una comisión de 20-25 miembros podría incluir 10-12 adversarios, para alcanzar una mayor representatividad.
Una segunda consideración, Yo la refiero a la urgente y necesaria liberación de los presos políticos. Una sociedad que intente definirse bajo el paraguas de ser una democracia real, no puede, ni debe tener presos políticos. La inconsistencia está en que “tratamos de entendernos” con un régimen que encarcela a más de mil opositores por motivos políticos, y reprime a la prensa, viola libertades básicas que son la condición mínima de una verdadera democracia. La infame condición que enfrentan los presos de conciencia en los diversos penales, así como los familiares que pernoctan en las adyacencias de los penales y centros de tortura, es un espectáculo cargado de un irracional irrespeto a la condición humana. Es una procacidad totalitaria en extremo, una patológica ausencia de empatía.
En la fe cristiana – y en muchas otras confesiones- la consideración al prójimo se entiende como una expresión práctica y profunda del amor al otro, uno de los mandamientos centrales y más importantes de la enseñanza de Jesús. No se trata solo de un sentimiento amable o de cortesía superficial, sino de una actitud activa, compasiva y solidaria hacia el otro, viéndolo como un semejante creado a imagen de Dios. Esto significa que la consideración al prójimo es el cumplimiento práctico de la Ley de Dios, amar al otro con el mismo cuidado, respeto y prioridad que uno se da a sí mismo. Es un mandamiento activo que resume la ética cristiana. No solo sentir, sino ser prójimo para quien lo necesita, sin barreras.
Algunos autores, como el argentino Guido Risso (2020), reconocen que teóricamente el concepto de “preso político” es incompatible con la democracia, toda una contradicción interna, y nos advierte en contra del llamado “negacionismo normativista. En la práctica, democracias reales pueden exhibir injusticias selectivas incluidas aquellas detenciones motivadas políticamente, sin dejar de ser democráticas, aunque esto erosiona su calidad. El debate obviamente revela las tensiones existentes entre “ideales y la realidad”.
El negacionismo normativista es un concepto crítico acuñado y desarrollado principalmente por el jurista argentino Guido Risso (profesor de Derecho Constitucional en la UBA, doctor en Ciencias Jurídicas) en sus análisis sobre democracia, presos políticos y regímenes híbridos o autoritarios. Risso lo introduce en su artículo «Presos Políticos: Sobre lo posible y lo imposible en democracia» (publicado en febrero de 2020 en La Tecla @ Ñ y replicado en Infobae como «Lo imposible aun en democracia»). Allí describe el “negacionismo normativista” como una forma de argumentación o postura intelectual que parte de una definición ideal o puramente normativa de lo que constituye una «democracia plena», basada en principios teóricos clásicos como pluralismo, Estado de derecho, separación de poderes, libertad de expresión, asi como la ausencia de represión política.
Ante evidencias empíricas claras de violaciones graves a esos principios, por ejemplo, la existencia sistemática de presos políticos o presos de conciencia en un régimen que se autodenomina democrático, el negacionismo normativista responde negando o minimizando la contradicción en lugar de reconocerla. En vez de aceptar que el régimen real no cumple con los estándares democráticos lo que implicaría clasificarlo como autoritario, híbrido o en retroceso democrático. Sucede frecuentemente –demasiado para mi gusto- que se «liman» o redefinen los conceptos hasta que encajen forzosamente en la categoría de esa «democracia», aunque sea imperfecta o defectuosa.
Václav Havel, disidente checo, preso político múltiple y luego presidente, en El poder de los sin poder (1978) describe regímenes post-totalitarios que mantienen el poder mediante una ideología mentirosa y la brutal represión de la disidencia no violenta (“vivir en la verdad”). El encarcelamiento de disidentes revela el miedo del régimen a la autenticidad y la pluralidad. Tales sistemas no son democráticos genuinos, sino simulacros que requieren la eliminación del espacio político real.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Secretario General Luis Almagro (en una carta abierta a Leopoldo López, 2016, sobre Venezuela), afirmó de manera directa y reiterada que “la existencia de presos políticos es absolutamente incompatible con un sistema democrático” y que “un preso político significaba la prisión de todos nuestros derechos políticos”. Esto se vincula al desconocimiento de la separación de poderes, la tortura y la activación de mecanismos como la Carta Democrática Interamericana.
Tercera consideración
Insisto en que hay una relación directa, y muy clara, entre todo lo que hemos venido refiriendo -medios libres, desinformación, legitimidad y confianza electoral- y lo ocurrido en Venezuela con la elección presidencial del 28 de julio (28J). De alli la urgente necesidad de proceder a sincerar los términos de esa invitación que formula la señora Rodríguez. Hay un detalle que se omite, no sé, si es por una decisión premeditada o por muestra de impericia política. Una democracia real garantiza un “escrupuloso respeto” por los medios de comunicación, la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. No hay un gramo de intención de garantizar esos derechos, en la oferta que formula la señora Rodríguez.
En el caso venezolano, el 28J no ocurre en un vacío, sino sobre un ecosistema mediático sometido a años de censura, cierres de medios, bloqueos de portales informativos y compra o cooptación de canales de televisión y radio. Esa estructura reduce drásticamente la posibilidad de que existan “medios libres” capaces de fiscalizar el proceso, contrastar versiones oficiales y ofrecer información plural sobre los candidatos y los resultados de los comicios. A esto se suma una estrategia sistemática de desinformación. Un uso intensivo de la propaganda estatal, la tóxica criminalización de la disidencia, la difusión de encuestas de dudoso rigor presentadas como “verdades” para construir la idea de que el resultado a favor de Nicolás Maduro estaba prácticamente asegurado.
El efecto es clásico. Moldear expectativas, desmovilizar a quienes aspiran al cambio y normalizar de antemano un resultado que, sin transparencia, termina siendo leído como un producto de la manipulación, más que de una competencia real. Diversas investigaciones periodísticas y de organizaciones de verificación locales, han documentado cómo operaron las encuestadoras sin trayectoria, o sin metodología clara. Esas que colocaban sistemáticamente a Maduro como un sólido favorito, mientras “medios alineados” amplificaban esos datos, como si fueran el consenso técnico.
El objetivo es doble. Se buscó construir un relato de “inevitabilidad” de la victoria oficialista y al mismo tiempo desprestigiar o invisibilizar encuestas independientes que mostraban un escenario muy diferente. Cuando el Estado controla buena parte de la infraestructura comunicacional y, además, se apoyan en estas mediciones amañadas, la delgada línea entre información y propaganda desaparece. Lo que debería ser una discusión basada en datos verificables, se convierte en una campaña psicológica que afecta directamente la confianza en la posibilidad de alternancia. Si lo denuncias, como corresponde a tu derecho ciudadano, puedes ser detenido bajo la flamígera acusación de un delito de odio, o algo peor: Por terrorismo mediático.
El 28J, las denuncias de la oposición y de organizaciones ciudadanas se concentran en tres planos que se relacionan directamente con el tema que se plantea. En primer término, el ventajismo informativo y estatal previo, uso ilimitado y sin supervisión de los de recursos públicos, cadenas de radio y TV, y plataformas institucionales para favorecer a un solo candidato. Se le suma la opacidad en la presentación de resultados. Así como la notable ausencia de la publicación detallada de las actas correspondientes y los datos desagregados, ruptura de estándares mínimos de transparencia electoral.
La invitación a ese diálogo “plural y respetuoso” que formula desde Miraflores la señora Rodríguez, debe como un ejercicio de profilaxis política, arrojar luces sobre ese ambiguo aspecto de nuestra historia reciente, corregirlo y crear los mecanismos necesarios para que algo así no se repita en lo que nos resta de eternidad. A partir de allí, creo que se pueda sustentar una afirmativa voluntad de hacer coincidir en lo más conveniente, nuestras marcadas y genuinas diferencias.
La otra medida oficial, un gesto que seguramente aportará los elementos necesarios para medir el talante democrático de la desangelada invitación, así como la nueva filosofía gubernamental en la materia de libertades civiles, será sin duda el permitir, favorecer, no entorpecer, menos aún, mediatizar el trabajo de medios y periodistas. La prensa libre, crítica y autónoma, es un acompañante ideal de este tipo de proceso. Ayuda mucho, sobre todo a que los sordos ideológicos, escuchen mucho mejor a sus adversarios. Además, el detalle forma parte esencial y sustantiva de la transición.
Qué exige un régimen democrático
Un régimen democrático no es solo votar: Requiere de un fuerte estado de derecho, separación de poderes, elecciones libres, pluralismo y respeto efectivo de los derechos humanos. Entre esos derechos se incluyen la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación y las garantías procesales para toda persona detenida. Sin estos elementos, la forma externa de la democracia, elecciones, constitución, partidos, queda vacía de contenido y se convierte en un cascarón “formal”.
Volvemos al nudo gordiano de este relato. Se considera preso político a quien es privado de libertad principalmente por sus ideas, actividades o expresiones políticas, muchas veces sin el debido proceso, o por leyes diseñadas para castigar la disidencia. La existencia de cientos o miles de presos políticos indica persecución de la oposición, criminalización de la protesta y uso del sistema penal como una herramienta de control político, todas ellas, prácticas incompatibles con el respeto a los derechos humanos. Esto sitúa al régimen en la categoría de “democracia imperfecta”, “régimen híbrido” o abiertamente autoritario, aunque conserve el discurso y ciertos rituales democráticos.
La libertad de prensa y de información es un pilar reconocido de la democracia, ya que permite el control público del poder, el pluralismo de opiniones y el acceso de la ciudadanía a fuentes independientes. Cuando un gobierno acosa, censura o persigue a periodistas y medios críticos, rompe ese pilar y niega en la práctica la libertad de expresión que dice garantizar. El resultado es un régimen que se autodenomina democrático, pero funciona como uno no democrático: Restringe libertades individuales, controla la prensa y concentra el poder, lo que constituye la inconsistencia central que señalo.
Eso debe ser corregido cuantos antes para poder acceder a ese dialogo creador al que nos invita la regente del gobierno.
Alfredo Álvarez/ CNP 5289.