Hubo un tiempo en que una puerta cerrada gozaba de un prestigio casi absoluto: el hogar era tratado como territorio inviolable, incluso cuando toda la calle podía oler el humo. La vida civil aprendió —a veces tras tragedias repetidas— que ciertas señales transforman la prudencia en deber. Cuando alguien grita “fuego” y los indicios son verificables, no se le pide a la casa que “autorice” el rescate: se actúa para confirmar y contener, porque el daño no se queda dentro de las paredes. La regla no se rompe por capricho; se reordena por una razón superior: la prevención de un daño grave e inminente. A partir de ese punto, decir “no puedo entrar; es un asunto interno” deja de sonar a respeto y empieza a sonar a abandono.
El derecho internacional está sometido a una presión similar. El orden antiguo fue concebido para un mundo que podía, de manera plausible, alegar distancia: un mundo en el que la opacidad permitía que la crueldad permaneciera localizada y la soberanía pudiera tratarse como una frontera estable entre la preocupación y la indiferencia. Pero el mundo contemporáneo es menos tolerante con la invisibilidad. La evidencia viaja. El testimonio circula. Los patrones pueden reconstruirse a partir de fragmentos que antes se perdían en el miedo. En este contexto, las reglas no solo gobiernan la conducta; también anuncian qué está dispuesto el mundo a tratar como real. Cuando la realidad se vuelve legible, la evasión se vuelve más ruidosa. Y el lenguaje que antes sonaba principista puede empezar a sonar como una coartada.
El derecho internacional cambia del mismo modo que cambia una costa: no por decreto, no en un instante esclarecedor, sino por la insistencia constante de fuerzas que no piden permiso. El jurista que espera revoluciones a partir del puro argumento confunde el medio en el que el derecho existe. El derecho no es solo un sistema de proposiciones; es una disposición de expectativas, una disciplina de contención, un vocabulario público mediante el cual el poder se explica ante quienes deben vivir bajo él. Cuando la experiencia se vuelve intolerable, el vocabulario se ajusta o revela su verdadera función: no contener la realidad, sino dignificar la negativa a enfrentarla.
Durante gran parte de la era moderna, el orden internacional ofreció una promesa a la vez modesta y, precisamente por ello, honorable: reducir las ocasiones de conflicto tratando la soberanía como premisa fundamental. El Estado era la unidad más relevante. El consentimiento era el método que lo vinculaba. El territorio era el límite de la preocupación legítima. El impulso moral detrás de esa arquitectura no era el desprecio por las personas; era el miedo a la conquista. Si se dificultaba la intervención, quizá se reduciría la depredación. Si se organizaban reglas en torno a la contención, quizá se protegería la paz frente al apetito de los fuertes.
Sin embargo, una doctrina puede ser defendible en su origen y volverse peligrosa en su uso. La soberanía, invocada con la solemnidad de una palabra sagrada, puede dejar de ser protección y convertirse en ocultamiento. Puede transformar el interior de un país en una cámara donde las lesiones que desfiguran la vida humana se tratan como detalles administrativos. Bajo ese manto, el sufrimiento no se niega; se reclasifica. Se convierte en un “asunto interno”, una expresión que con demasiada frecuencia funciona menos como descripción que como absolución para quienes prefieren no mirar demasiado de cerca.
Así fracasan los paradigmas: no por refutación, sino por conveniencia. Es posible denunciar abusos en términos generales, elogiar la dignidad humana en un lenguaje abstracto y, aun así, preservar la comodidad de la inacción. La preocupación puede representarse mientras la responsabilidad se aplaza. Se emiten declaraciones, se compilan hallazgos, se repiten palabras solemnes con la seguridad de un ritual. Prolifera un vocabulario de condena mientras la maquinaria del daño permanece intacta. La brecha entre la norma y el hecho vivido se ensancha hasta que la credibilidad es devorada; y una vez devorada la credibilidad, el derecho no permanece neutral. Se convierte en parte del paisaje de la impunidad, en una forma refinada de decir que aquello que todos saben no importará, por ahora.
El giro comienza con una observación demasiado simple para ser disuelta por la elegancia jurídica. El dolor no respeta la teoría jurisdiccional. Cruza fronteras a través de los cuerpos y de la memoria. Cruza mediante el exilio y el desplazamiento, y mediante la erosión silenciosa de sociedades enteras. Cruza a través de los efectos prolongados de la violencia institucionalizada, que reconfigura familias, escuelas, economías y la vida interior de un pueblo mucho después de que el último acto visible ha concluido. Un orden que insiste en confinar el sufrimiento al lugar donde ocurre termina enfrentándolo en otras formas: inestabilidad, redes transnacionales de explotación, instituciones colapsadas y la lenta corrosión de la idea misma de que las reglas son algo más que escenografía.
Este no es un alegato a favor de consignas. Es una afirmación estructural. Un orden que funda su legitimidad en la protección de la paz no puede fingir que ciertas catástrofes internas son privadas. Cuando el abuso es sostenido, sistemático y protegido por el propio aparato llamado a contenerlo, se convierte en un fenómeno con consecuencias que exceden cualquier frontera. Envía ondas expansivas que alcanzan a quienes antes se imaginaban a salvo del drama. El paradigma antiguo, diseñado para un mundo de Estados relativamente coherentes y separaciones relativamente claras, se tensa ante realidades que no fue concebido para gestionar, y entonces empieza a sonar como un catecismo recitado sobre ruinas.
En el corazón de la transformación moderna hay una inversión de énfasis. El Estado sigue siendo indispensable; continúa siendo el actor principal, el portador primario de obligaciones, el locus de la ejecución. Pero ya no es moralmente suficiente. La persona se desplaza del margen hacia el centro. La pregunta deja de ser solo qué pueden hacer los Estados entre sí y pasa a ser, con creciente insistencia, qué puede hacer la autoridad a quienes están sometidos a ella. Este giro no es nuevo en espíritu, pero ha adquirido urgencia porque el mundo tolera cada vez menos la invisibilidad. La evidencia viaja. El testimonio circula. Los patrones pueden reconstruirse a partir de fragmentos que antes se desvanecían en el miedo. La negación se ha vuelto más difícil de sostener durante décadas sin sonrojo, no porque el mundo se haya vuelto virtuoso, sino porque se ha vuelto legible.
Sin embargo, el cambio revela una segunda tensión que hace que la transición se sienta a la vez necesaria e incompleta: las instituciones diseñadas para encarnar la rendición de cuentas suelen operar en un tempo moral distinto al de las vidas que pretenden vindicar. El derecho, para seguir siendo derecho, debe ser cuidadoso. Debe contrastar afirmaciones, distinguir lo probado de lo plausible, separar lo sistemático de lo episódico, lo intencional de lo accidental. Debe honrar el debido proceso no como sentimiento, sino como la diferencia entre la justicia y la mera fuerza revestida de toga. El procedimiento existe porque los seres humanos son falibles y el poder se siente tentado por la certeza.
Pero el ritmo cuidadoso de la justicia institucional tiene su propio costo. Allí donde el daño es continuo, la demora no es un intervalo neutral; se vive como abandono. Un sistema puede ser procesalmente meticuloso y, aun así, resultar moralmente ausente. Esa ausencia no es producto de la impaciencia pública; es la experiencia ordinaria de quienes viven en un tiempo donde el tiempo mismo es un arma. Cuando la rendición de cuentas llega tarde, suele recibirse no como el triunfo del derecho, sino como el eco de una promesa que debió hablar antes. Un veredicto, por correcto que sea, puede sonar a posdata cuando llega tras años en los que el mundo aprendió a describir la atrocidad sin aprender a interrumpirla.
Aquí el paradigma vuelve a cambiar, no en la doctrina sino en la expectativa. El mundo exige cada vez más a las instituciones internacionales algo más que un juicio eventual. Exige seriedad visible: prioridades coherentes, razonamiento transparente, rigor ético y la capacidad de proteger la integridad del proceso frente a la corrosión del conflicto de intereses, la urgencia selectiva y la autoprotección burocrática. La credibilidad de la justicia es frágil. Puede deshacerse no solo por el fracaso manifiesto, sino por la apariencia de una imparcialidad comprometida. En materia de rendición de cuentas, las apariencias no son vanidad; son evidencia de si el sistema merece confianza.
La ética, por tanto, no es adorno; es arquitectura. Un mecanismo que depende de la cooperación, opera bajo restricciones políticas y está expuesto a un escrutinio permanente debe ser implacable con su propia integridad. Cuando no lo es, el daño no se limita a un expediente o a un momento. Se irradia, enseñando a los poderosos que el sistema puede administrarse y a los vulnerables que el derecho puede ser elocuente, pero poco fiable. Esa lección, una vez ampliamente aprendida, modifica conductas. Produce sustitutos de la justicia que suelen ser menos disciplinados, menos contenidos y menos legítimos. En el vacío que deja la rendición de cuentas creíble, prolifera la improvisación. La improvisación no siempre es cruel, pero siempre es peligrosa.
Puede decirse que el próximo paradigma se está escribiendo en ese vacío. No lo escriben solo jueces o académicos. Lo escribe la impaciencia acumulada de quienes han visto cómo el lenguaje solemne sustituye a las consecuencias, y el temor acumulado de quienes intuyen que, si el derecho deja de ser creíble, la fuerza se convertirá en la única gramática disponible. La ironía es severa. La insistencia en la soberanía como aislamiento absoluto puede, con el tiempo, debilitar la contención jurídica que la soberanía pretendía preservar, porque invita a la percepción de que las reglas son indiferentes al abuso sostenido. La indiferencia no preserva la paz; pospone el ajuste de cuentas hasta que este se vuelve más volátil.
El paradigma emergente, si ha de merecer ese nombre, debe ser sobrio y no exuberante. Debe resistir la tentación infantil de imaginar que la urgencia moral lo autoriza todo. Un mundo que abandona las reglas en nombre de la rectitud no obtiene justicia; hereda otra forma de arbitrariedad. La tarea es más difícil y, precisamente por eso, más seria: construir una conciencia jurídica que siga siendo disciplinada mientras deja de ser evasiva; insistir en que la evidencia importa, el proceso importa y la contención importa, y al mismo tiempo insistir en que la destrucción sistemática de la dignidad humana no puede tratarse como una molestia privada en el sótano del orden mundial.
Eso exigirá un cambio en lo que la comunidad internacional trata como real, no en un sentido metafísico, sino en el sentido práctico de qué activa consecuencias. Las palabras deben vincularse más estrechamente a las obligaciones. Las obligaciones deben vincularse más estrechamente a una cooperación exigible. La cooperación debe vincularse a incentivos y costos legibles, consistentes y transparentes. Las instituciones deben blindarse frente a la corrupción ética con la misma seriedad con la que se blindan frente a la presión externa. Y las víctimas deben dejar de ser tratadas como figuras retóricas para ser reconocidas como custodias de la verdad que el sistema afirma buscar.
La inevitabilidad del cambio de paradigma es, en última instancia, una afirmación sobre los seres humanos. Las sociedades pueden soportar la injusticia durante más tiempo del que la teoría moral anticipa, pero no pueden soportar indefinidamente la burla abierta de los principios sin consecuencias. Un orden que se describe a sí mismo como universal no puede tolerar para siempre un mundo en el que la universalidad es solo una palabra. La deriva continuará hasta que el mapa vuelva a parecerse al territorio, o hasta que el territorio esté tan alterado que el viejo mapa ya no sea siquiera un engaño útil.
El derecho internacional, en su mejor versión, no es un sermón. Es contención: la colocación deliberada de límites al poder en nombre de la dignidad humana. Cuando esa contención se percibe como selectiva, lenta o éticamente comprometida, se debilita, y el mundo se vuelve menos gobernable por la razón. El paradigma está cambiando, lo celebre o lo resista quien lo resista, porque la realidad está presionando las articulaciones del viejo orden. La única pregunta verdaderamente seria es si el cambio será modelado por principios disciplinados o por la impaciencia que surge cuando el derecho aprende a hablar con perfección y a actuar demasiado tarde.