La caída de Nicolás Maduro no puede analizarse como un hecho aislado ni como un simple episodio de política contemporánea. La historia ofrece precedentes claros que ayudan a entender lo ocurrido y, sobre todo, lo que viene. El testimonio del Secretario de Estado Marco Rubio ante el Senado estadounidense coloca a Venezuela en una categoría histórica precisa: la de los Estados que, al convertirse en estructuras criminales, pierden toda legitimidad interna e internacional.
Venezuela ya vivió algo similar en 1958. Tras la caída de Marcos Pérez Jiménez, el país no transitó de inmediato hacia una democracia plena. Durante meses, una junta de gobierno integrada por militares y civiles administró una transición compleja, manteniendo el orden, desmontando los resabios de la dictadura y preparando elecciones. Nadie hablaba entonces de una ruptura institucional ilegítima; se entendía que el colapso del régimen hacía necesaria una etapa excepcional para restaurar la legalidad. La democracia venezolana no nació de un día para otro, sino de un proceso vigilado, gradual y, sobre todo, paciente.
El caso venezolano actual guarda paralelismos evidentes con Panamá en 1989. Manuel Antonio Noriega, al igual que Maduro, no fue tratado por Estados Unidos como un jefe de Estado legítimo, sino como un narcotraficante procesado que había secuestrado al Estado panameño para fines criminales. La operación “Causa Justa” no se presentó como una guerra contra Panamá, sino como una acción para capturar a un individuo y desmantelar una estructura ilícita. El resultado, con todos sus claroscuros, fue el fin de un régimen criminal y la posterior normalización institucional del país.
Irak ofrece otra lección, aunque más compleja y costosa. Saddam Hussein gobernó durante décadas apoyado en la represión, el miedo y el culto personal. Cuando su régimen cayó, el error no fue remover al dictador, sino no haber previsto adecuadamente el vacío institucional que dejó. El caso iraquí demuestra que derrocar un régimen criminal es solo el primer paso; el verdadero desafío es reconstruir el Estado sin destruir el tejido social ni alimentar nuevas formas de caos.
A la luz de estos antecedentes, el mensaje de Washington es claro: lo ocurrido en Venezuela no es una invasión ni una ocupación, sino una acción de justicia internacional contra individuos imputados por narcotráfico. Más de 50 países ya habían desconocido la legitimidad de Maduro tras las elecciones de 2024. Su permanencia en el poder no se sostenía en el voto, sino en la violencia, la corrupción y alianzas con regímenes autoritarios, particularmente el cubano.
Las consecuencias fueron devastadoras. Un país con enormes recursos energéticos fue llevado al colapso económico, al hambre y a la escasez, mientras su industria petrolera financiaba redes criminales como el Cartel de los Soles y sostenía económicamente a La Habana. El éxodo de más de ocho millones de venezolanos no fue un accidente, sino la consecuencia directa de un Estado que dejó de servir a su pueblo.
Hoy, como en 1958, Venezuela enfrenta una transición incómoda pero inevitable. El liderazgo interino de Delcy Rodríguez y su disposición a cooperar con Estados Unidos responden menos a una convicción ideológica que a una realidad histórica comprobada: cuando un régimen criminal colapsa, la supervivencia política depende de alinearse con el nuevo orden internacional. El destino de Maduro actúa como recordatorio elocuente.
Estados Unidos ha dejado claro que supervisará el proceso y que la cooperación es la vía preferida. Pero también ha advertido como lo hizo en Panamá y, de otra forma, en Irak que no permitirá que el hemisferio occidental sea plataforma de criminalidad organizada o de potencias adversarias.
La historia enseña una lección constante: los regímenes que confunden poder con impunidad terminan cayendo. Venezuela tiene ahora una oportunidad que no debe desperdiciar. No se trata solo de cambiar nombres, sino de reconstruir instituciones, recuperar la confianza y permitir el retorno de millones de ciudadanos expulsados por décadas de abuso.
Como ocurrió en 1958, el camino no será inmediato ni perfecto. Pero la alternativa aferrarse a un pasado criminal ya demostró su fracaso. La transición venezolana no es una anomalía histórica; es, en realidad, la repetición de un patrón que el mundo ya ha visto antes.
Dr. Alfonzo Bolívar