En 2016, cuando Henry Ramos Allup asumió como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela tras la victoria electoral de la oposición en diciembre de 2015, el dirigente chavista Diosdado Cabello protagonizó una de sus intervenciones más ácidas en el hemiciclo.
Por: lapatilla.com
Durante un debate intenso sobre la Ley de Amnistía impulsada por la mayoría opositora, Cabello lanzó una frase que quedó en la memoria política del país.
“Qué satisfacción nos da que se vuelvan locas y locos gritando… aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación… aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia”, dijo Cabello en aquel entonces.
Con esta declaración —que rechazaba frontalmente la categoría de amnistía y otros mecanismos que proponía la oposición— el número dos del chavismo, dejó clara la postura del régimen: «no aceptarían ninguna iniciativa que, a su juicio, significara impunidad o debilitamiento del proyecto revolucionario».
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En 2016, la Asamblea Nacional bajo Ramos Allup aprobó en primer debate una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que buscaba liberar a presos políticos, en medio de un contexto de profunda polarización.
Sin embargo, dicho proyecto nunca fue publicado en Gaceta Oficial y fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, que apoyó al entonces presidente Nicolás Maduro en su veto a la norma.
10 años después: Amnistía General en 2026
Una década más tarde, el escenario político venezolano vivió un giro histórico. Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos en la llamada «Operación Resolución Absoluta» el 3 de enero, se desencadenaron cambios dramáticos en la política interna del país.
El 30 de enero de 2026, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada de facto en Venezuela, anunció una Amnistía General para presos políticos.
La medida —presentada durante un acto ante el Tribunal Supremo de Justicia— propone la liberación de cientos de personas encarceladas por motivos políticos desde 1999, con el objetivo declarado de favorecer la convivencia y la reconciliación nacional.
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Según anuncios oficiales, la amnistía busca cubrir un amplio período de violencia política que abarca gobiernos consecutivos y se espera que beneficie a cientos de detenidos aún recluidos por causas políticas.
Aunque está siendo enviada a la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación formal, representa un cambio radical en la política de justicia y reconciliación en Venezuela.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han recibido el anuncio con cautela, destacando la importancia de garantizar que la ley realmente se implemente con respeto a los derechos fundamentales y sin exclusiones arbitrarias.
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