La presidenta encargada actúa, se dice, en cumplimiento de la orden explícita del señor Trump, quien desde hace días le conminó a cerrar El Helicoide y le concedió de plazo hasta fin de mes para liberar a todos los presos políticos. Pero la política es un tablero de múltiples jugadores, y en este caso los rusos también mueven ficha; quizá por eso el gobierno ha soltado el tubazo a Rodríguez Zapatero —amo y señor de El País—, un gesto calculado, un cubo de agua fría en la cara de la opinión pública, una distracción necesaria en este ajedrez sucio que opaca el entreguismo de la Licencia 46.
Un documento que no perdona, ni libera, ni abre compuertas. Es, más bien, la arquitectura precisa de una celda un poco más amplia.
Que grita en cada una de sus cláusula que no hay ningún perdón general. Las sanciones contra el Gobierno, contra PDVSA, permanecen intactas, congeladas en el tiempo y en el Reglamento. Lo que se concede es un permiso, una licencia temporal y temática, un respiro estrictamente delimitado para el petróleo y sólo para el petróleo. Y un respiro que, además, no es para todos. Está pensado, cuidadosamente pensado, para «entidades estadounidenses establecidas». Es decir, un canal que reconduce el flujo del crudo venezolano hacia los muelles y los balances de empresas de ese país. Una reclamación, sutil pero firme, de la propiedad del juego.
Y el juego tiene reglas, por supuesto. Reglas que no se negocian, que se imponen. La primera es la de la ley del más fuerte, elevada a principio jurídico: los contratos deberán regirse por leyes estadounidenses y las disputas resolverse en sus tribunales. No es una cláusula técnica; es la institucionalización de una ventaja abrumadora, la extensión fría de la jurisdicción de Washington a cada barril de petróleo que se mueva bajo este paraguas. La segunda regla es la del control absoluto sobre el dinero. Los pagos no irán a cuentas venezolanas, sino a unos fondos de depósito bajo la mirada del Tesoro de EE.UU. Es el dinero secuestrado, vigilado, siempre a un paso de ser congelado de nuevo. No es un pago; es un depósito en custodia.
Pero la cláusula más reveladora, la que desnuda el corazón geopolítico del asunto, es la de las exclusiones. Quedan expresamente, terminantemente, prohibidos los rusos, los iraníes, los norcoreanos, los cubanos. Y, con una precisión que no deja lugar a dudas, cualquier entidad controlada por chinos o que sea un empresa conjunta con ellos. Esto ya no es economía, ni sanciones al uso. Esto es cirugía mayor en el mapa de alianzas de Caracas. Es un intento de extirpar de la ecuación petrolera, del único negocio vital que le queda al país, a los principales rivales estratégicos de Estados Unidos. Es convertir una licencia en un arma para desplazar a Rusia y China, para debilitar sus vínculos con Venezuela, para reescribir desde una oficina en Washington la lista de amigos y enemigos de un país soberano.
Luego vienen los candados, los pequeños y grandes mecanismos de control que cierran cualquier posible ruta de escape. No se puede pagar en oro, ni en criptomonedas, ni hacer trueques. Se cierran así las vías de evasión que Caracas había buscado con desesperación, y se reafirma el monopolio del dólar, del sistema financiero occidental, como el único altar donde se puede ofrecer el tributo. Y luego está la transparencia, una transparencia forzada y asfixiante: informes detallados cada 90 días al Departamento de Estado y de Energía. Estados Unidos tendrá así una fotografía en tiempo real de volúmenes, valores, destinos e incluso los impuestos que paga Venezuela. Es la información convertida en instrumento de vigilancia y poder. Y por si alguien albergaba alguna esperanza, el texto recuerda, sobrio, que nada de esto desbloquea un solo activo venezolano previamente congelado.
¿Qué queda entonces? ¿Qué implica todo esto? Lo primero es entender que las sanciones no son un castigo estático, un muro que se levanta o se derriba. Son una herramienta dinámica, un instrumento de política exterior maleable. Esta licencia lo demuestra: es la presión convertida en grifo que se abre un cuarto de vuelta, para obtener concesiones, para reorientar alianzas, para extraer información. Venezuela puede, es cierto, aumentar sus exportaciones y obtener algunos ingresos. Pero lo hará desde una soberanía limitada, bajo reglas escritas en Washington, con su dinero retenido y sus socios históricos proscritos. Es un alivio económico que se compra con dependencia y con cesión de autonomía. El beneficio es asimétrico: el sector energético y logístico estadounidese se erige en intermediario necesario, en guardián del flujo. Venezuela respira, pero con un arnés que la sujeta a los intereses de otro.
Por eso hablar de «levantamiento» es un engaño, o como mínimo una simplificación burda. La realidad es más compleja y más dura. La Licencia General 46 es una recalibración calculada. Un movimiento de ajedrez geopolítico que busca, al mismo tiempo, meter más petróleo venezolano en el mercado global (para aliviar la presión sobre los precios), desplazar a Rusia y China de su patio trasero, recuperar el control sobre la principal arteria económica de Venezuela y, sobre todo, mantener una palanca de presión enorme, lista para accionarse si el gobierno en Caracas no se comporta. Es una jaula de oro. Una astuta oferta de un respiro a cambio de concesiones estratégicas, de información vital y de la renuncia a elegir con quién comerciar. En el fondo, es la demostración de que el poder hoy no se ejerce sólo con tanques, sino con regulaciones, con cláusulas jurídicas y con el control absoluto del dinero. Es el imperio de la ley, sí, pero de una ley hecha a medida para servir a un único y claro imperio.
Pero, sea como fuere, con independencia de los hilos que se agitan en la sombra, hay que anotar el hecho: esa liberación masiva de presos se produce, y en sí misma, más allá de la voluntad que la impulsa, constituye una confesión. Una confirmación. La prueba involuntaria pero irrebatible de que el régimen, efectivamente, tenía presos políticos. Y que, por tanto, es lo que sus detractores decían que era. La libertad, así concedida, no redime al que la otorga; lo señala. Lo desnuda. Escribe, con letras demasiado grandes, su naturaleza última en el único lugar que importa: la memoria futura.