Los análisis realizados por los gremios empresariales coinciden en que el aumento de la producción nacional es la solución inmediata para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y mejorar los salarios. Este objetivo requiere una importante inyección de recursos provenientes de la inversión privada, orientados al desarrollo de actividades productivas que permitan cubrir el consumo interno y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad exportadora del país hacia los mercados internacionales.
En este contexto, la seguridad jurídica surge como un factor determinante para crear las condiciones necesarias que atraigan capitales privados y promuevan su participación activa en la economía nacional. El país cuenta con un amplio potencial para el desarrollo de los sectores agrícola, ganadero, agroindustrial, pesquero, industrial y minero. Los cuales resultan altamente atractivos para la captación de inversiones que faciliten su incorporación a la cadena de producción y procesamiento de materias primas. Esto permitiría transformar dichos recursos en productos terminados que satisfagan la demanda nacional y consoliden exportaciones sostenidas, competitivas en calidad y precio, capaces de conquistar los principales centros de consumo mundial.
Sin embargo, una parte significativa de esas empresas industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras y agroindustriales del país pasaron a manos del Estado, lo que derivó en una notable disminución de la producción nacional. Las cifras actuales evidencian una brecha considerable entre los niveles de producción alcanzados bajo gestión privada y los obtenidos posteriormente. Esta situación representa un reto fundamental para el país: reactivar el aparato productivo nacional y resolver la situación de las empresas privadas afectadas por los procesos de estatización, ya sea mediante su devolución a sus legítimos propietarios o a través de una compensación justa acorde al valor que tenían al momento de su ocupación.
El país observa con atención las decisiones que se tomarán en los próximos días. Desde el sector privado se aspira al restablecimiento pleno de la seguridad jurídica, que garantice el respeto a la propiedad privada y ofrezca soluciones claras y justas respecto a las empresas que pasaron a manos públicas sin compensación alguna a sus propietarios. Estas decisiones serán clave para recuperar la confianza, atraer inversión y sentar las bases de un crecimiento económico sostenible.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.