La Audiencia de la ciudad española de Palma condenó este lunes a penas que suman 23 años de prisión y unos 255.000 euros (unos 302.000 dólares) en multas a diez acusados de enviar diversas partidas de cocaína y marihuana desde Sudamérica a la isla de Mallorca que ocultaban en sillas de ruedas.
La Fiscalía reclamaba inicialmente 100 años de cárcel y 1.375.000 euros (1,6 millones de dólares) de multa para cada uno de los acusados por los delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, pero alcanzó un acuerdo de conformidad con las defensas y los acusados reconocieron los hechos ante el tribunal.
La condena deriva de lo ocurrido entre abril de 2023 y julio de 2024, periodo en el que los procesados introdujeron estupefacientes en Mallorca, principalmente desde Perú. Para ello emplearon correos humanos o ‘mulas’ que transportaban la droga camuflada en las sillas de ruedas con las que viajaban.
De acuerdo con el acuerdo de conformidad, el tribunal concedió la suspensión de las penas de prisión para varios procesados por un plazo de cinco años, condicionada a que durante este periodo no cometan delito alguno.
Una vez las partidas llegaban a Mallorca, la organización se encargaba de su distribución y venta. Cada uno de los acusados desempeñaba un papel específico dentro de la estructura, que estaba dirigida por un hombre identificado pero actualmente huido de la justicia.
Algunos procesados actuaban como intermediarios con otros traficantes, mientras que otros se encargaban del transporte y almacenamiento de la droga.
Uno de los procesados, que aceptó cinco años de prisión, recibía y conservaba la droga que entraba en la isla y la preparaba para su distribución desde varios pisos en Palma, donde se intervinieron diversas sustancias, útiles para preparar la droga y dinero procedente de esta actividad.
Otro de los condenados a cinco años ejercía de representante del grupo criminal en esa isla del Mediterráneo. En su vivienda, los agentes también intervinieron dinero y útiles relacionados con la preparación y distribución de las drogas.
Entre los procesados había quienes se dedicaban al cultivo de marihuana en una finca, a funciones de mediación y al suministro de cocaína cuando no era posible introducirla desde Latinoamérica.
En los registros practicados por la Policía Nacional durante la operación, la mayoría en Mallorca y uno en una vivienda de Madrid, se intervinieron diversas cantidades de droga valoradas en más de 344.000 euros (unos 408.000 dólares). EFE