Mal comienzo y de pronóstico reservado, los de la supuesta Ley de Amnistía cuyo anteproyecto presentó el pasado 30 de enero a la Asamblea Nacional la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Hasta el momento de redactar los presentes comentarios no existe publicación oficial de los términos de la supuesta propuesta legislativa. Ni un solo parlamentario se ha atrevido a divulgar los detalles del misterioso documento. Los que se hacen llamar diputados opositores, se limitaron a votar a favor, sin discusión, en la primera discusión -–y valga la aparente paradoja— a mano alzada, en acatamiento al comisariato del oficialismo que les establece sus lineamientos (“Voto sobaquero” así, calificaban nuestros viejos sindicalistas, similares obsecuencias de los esquiroles o trabajadores coludidos con la parte patronal).
Con ese secretismo, ha quedado sepultada la obligatoria consulta a los “ciudadanos, ciudadanas” y a la “sociedad organizada” en la formación de las leyes, establecida en el artículo 211 del papel mojado al que le han endilgado el remoquete de la “Mejor Constitución del Mundo”.
Los antecedentes a tal proyecto de ley tampoco pueden ser peores. Como consecuencia de la captura y enjuiciamiento de Nicolas Maduro su ahora suplente, temerosa de un nuevo desembarco de los marines norteamericanos, se ha sentido presionada a vaciar las ergástulas del régimen opresor. Pero esas excarcelaciones, han estado signadas por la lentitud maliciosa, las mentiras, la falta de supervisión y lo que es aún más grave: No han sido libertades plenas, sino condicionales, dependientes de vejatorias presentaciones periódicas ante la autoridad, prohibiciones de expresarse, de circular libremente, dentro o fuera del territorio nacional, con caprichosas limitaciones adicionales a otros derechos no menos fundamentales.
En cuanto al futuro del referido anteproyecto de ley, los pronósticos del oficialismo, fueron expresados a través de la coprolalia de quien cada miércoles por la noche, insulta, maldice, vocifera contra quien le viene en gana, por las televisoras del Estado: “La ley —expresó el aludido esbirro—- tratará de revisar la situación judicial de algunas personas que sin duda han cometido delitos y hechos condenables” advirtiéndoles a los posibles amnistiados “que entiendan que se les está dando una oportunidad de hacer política como es, como corresponde…” O como ‘ al individuo en cuestión le venga en ganas.
No constituye una desmesura acotar que las amnistías deshonradas nacieron junto a nuestra República. Los lectores se servirán recordar que el respeto a la vida y la libertad de los patriotas insurgentes, garantizado en el “Pacto de San Mateo” o la “Capitulación de Miranda”, de 1812, fue quebrantado por el realista, Domingo Monteverde, apenas sus huestes pisaron Caracas.
¿Los sanguinarios realistas, saqueadores, depredadores del patrimonio público y privado de los venezolanos; muy serviles a potencia extranjera, el susodicho, Monteverde, y depuesto éste, Juan Manuel de Cajigal y José Tomás Boves sucesivamente? Pues era gente muy decente —decentísima— comparada con Chávez, con Maduro, con la retahíla de coautores de crímenes aberrantes que han conformado el séquito de los dos personajes, mencionados en último término.
Las advertencias por severas que sean, nunca serán suficientes, en lo relativo a la nula confianza, ni mínima buena fe de cualquier proceso de amnistía en manos de semejantes sujetos.
¿Delegar, el posible proceso de reconciliación o perdón en la “revisión judicial”, como lo ha expresado el susodicho matón del oficialismo en sus declaraciones arriba transcritas?
No hay informe de la Misión Independiente de la ONU sobre los Hechos en Venezuela; de la OEA; de las facultades de Derecho de cualquier universidad; de los Colegios de Abogados, nacionales o extranjeros, de las ONG dedicadas a la tutela de los DD. HH., que no haya censurado el sistema de Justicia (¿?) implantado por la llamada RoboLución, por carente de independencia, autonomía, por constituir un mero apéndice del Poder Ejecutivo, y como éste, con furor de Mesalina en lo que a corrupción se refiere.
La ansiada amnistía, reconciliación, perdón o indultos masivos, que les pongan punto final a la represión en la Venezuela de los últimos años, requiere de una gerencia diferente a la judicial. Se impone la integración de una junta tripartita, cuyas decisiones tengan fuerza ejecutiva, integrada por una representación de quienes gobiernan de facto el país, una segunda representación paritaria, designada por el presidente, electo el 28 de julio de 2024 y un tercero, que sirva de fiel de la balanza, nombrado de común acuerdo entre los sectores contrapuestos. A menos que el desgobierno ilegítimo de Venezuela, cipayo por naturaleza, prefiera que el mencionado fiel de la balanza corra por cuenta del mismísimo, míster Trump.
@omarestacio