El fin de la Segunda Guerra Mundial dejó a los países involucrados en la más terrible devastación, entre ellos el imperio nipón. Japón fue el último país en rendirse tras el lanzamiento de dos bombas nucleares por las fuerzas norteamericanas.
La nación japonesa fue prácticamente borrada de la faz de la tierra. Millones de víctimas, entre muertos, heridos, minusválidos, desaparecidos y prisioneros de guerra. Toda la infraestructura industrial en ruinas, así como la sanitaria, educativa, vialidad y zonas residenciales. El propio monarca, venerado como un semidiós por los japoneses, humillado y obligado a recluirse en los muros de su palacio.
El Estado norteamericano vencedor ocupó, desde 1945 hasta 1952, el devastado y arruinado territorio japonés. Para ello designó a uno de sus héroes, el general Douglas MacArthur, como gobernador militar para levantar de las ruinas a la nación vencida. La ocupación del reino nipón significó la eliminación de las viejas estructuras absolutistas monárquicas por un sistema democrático moderno, así como la adecuación del ejército, sustituido por una nueva generación de oficiales bajo la autoridad de los Estados Unidos. Además, toda la infraestructura industrial, sanitaria, educativa, de seguridad, fue levantada bajo esquemas tutelados por el Estado norteamericano. En menos de una década Japón se levantó de sus cenizas, antes que China, como la nación líder en las nuevas economías de Asia que mostraban una fuerza industrial descomunal, organizada y bien administrada. Igual ocurrió en la ocupación norteamericana de Corea del Sur y hasta en Panamá.
Similarmente, hoy Venezuela ha sido intervenida por el Estado norteamericano, rompiendo la estructura monolítica, tanto política como militar-policial, de un régimen pervertido y corrompido que desató una “guerra de cuarta generación” contra el pueblo venezolano y contra el Estado norteamericano. Por años el territorio de los EEUU fue penetrado, bajo un diseño de guerra asimétrica, por organizaciones del paramilitarismo, terrorismo-narcotráfico, cuyas bases de operaciones se encontraban en suelo venezolano. La llamada tragedia de las drogas (marihuana, cocaína, fentanilo), desató en Norteamérica un desastre social que asesina anualmente a 200 mil norteamericanos, en palabras del presidente, Donald Trump. Obviamente esta no ha sido una guerra convencional que se presenta en terrenos específicos con el bombardeo de tanques, aviones y artillería. La contienda bélica se ha desarrollado en fases durante varios años. Tanto en enfrentamientos enmascarados: atentados, desórdenes sociales, penetración del territorio norteamericano con oleadas de inmigración controlada, invasión de agentes de contra inteligencia y miembros de bandas delincuenciales, como a través de las nuevas tecnologías, que “jaquean” los cielos cibernéticos y sistemas de comunicación para posicionar campañas de desinformación, la triangulación de datos y el uso de estrategias diseñadas en los laboratorios de simulación de guerras híbridas, que han incidido peligrosamente sesgando elecciones presidenciales en Norteamérica. Los resultados de esta conflagración han tenido sus consecuencias en la población civil. Y esto último es lo que ha ocurrido en la Venezuela del llamado “socialismo del siglo XXI”. La devastación se observa en cerca de 10 millones de seres humanos que han debido huir del escenario apocalíptico venezolano. Una base industrial semi paralizada, sea por que fue intervenida por el Estado o por falta de mantenimiento, una estructura comercial y financiera corrompida y una institución militar-policial sesgadamente partidizada. Venezuela fue ocupada, tanto por un contingente militar cubano castrista, de poco más de 30 mil “internacionalistas” disfrazados de enfermeros, asesores deportivos, culturales, médicos, como por agentes de inteligencia rusos, chinos e iraníes.
A partir del 3 de enero del presente año, Venezuela se encuentra tutelada por una novedosa estrategia de control político-militar del Estado norteamericano, que impuso su poder de fuego y penetró con sus agencias de inteligencia, como la CIA y el FBI. Ello es notoriamente evidente, tanto por lo afirmado por el presidente Trump como por su secretario de Estado y secretario de Guerra. El país ha sido ocupado y controlado en sus espacios marítimo y aéreo, y está siendo transformado en un período de tres fases: estabilización, recuperación y transición. Estas fases implican tiempos de mediano y largo plazo. No pueden verse como especie de etiquetas de retórica que sirvan para diseñar campañas de propaganda política, tipo “Operativo Elecciones 2026”. Estabilizar el país implica un serio y delicado proceso de implantación de seguridad nacional, donde el respeto y resguardo de la vida del ciudadano es lo prioritario. A partir de ahí se irán resolviendo los “nudos” de mayor riesgo, como la liberación de presos de conciencia, presos políticos y otros casos de privación de libertad que requieren atención inmediata, la gran mayoría personas inocentes que no necesitan ser perdonados porque jamás cometieron delito. Por otra parte, la inmensa tarea de reinstitucionalizar el país es un proceso que requiere de especialistas que introduzcan programas novedosos para la gobernanza bajo criterios profesionales.
Levantar un país totalmente devastado, derrotado y aniquilado como el venezolano implica tiempo, mucho tiempo. La premura de estar presionando para realizar en el corto plazo elecciones presidenciales, frente a la inmensa y descomunal necesidad de sobrevivencia de la sociedad, resulta ridículo, absurdo e irresponsable. Lo prioritario en estos primeros días, semanas, meses y tal vez años es salvar vidas, garantizar la seguridad personal, sanitaria-hospitalaria de la población. Incluso, garantizar el suministro de alimentos, agua potable, electricidad, gas doméstico para estabilizar el país. Después vendrá, como está ocurriendo, la fase de reindustrialización, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura agrícola, empresarial, financiera, la reconstrucción de la vialidad, de puertos y aeropuertos. La reconstrucción de la planta física sanitaria, educativa y cultural.
Muchos dirigentes y líderes políticos continúan sin asumir la responsabilidad jurídica y moral del monumental desastre que causaron al país, por acción u omisión, tanto quienes participaron directamente en la toma de decisiones como quienes, estando en la acera de enfrente, callaron ante la dantesca realidad que supuso la “planificación” de la destrucción de una nación y su sociedad.
Porque esta realidad apocalíptica de destrucción masiva fue un plan político diseñado a consciencia, sabiendo perfectamente lo que se hacía y por qué se hacía y a quienes afectaban.
En consecuencia, la destrucción de Venezuela, como pueblo, nación y república, tiene sus responsables: individuos, hombres y mujeres con rostros, nombres, apellidos, huellas digitales y cédulas de identidad.
La sociedad venezolana, indudablemente, se recuperará en su devenir histórico y cultural. De ello no hay ninguna duda. Para no repetir la dantesca historia de este último cuarto de siglo, es necesario establecer un sistema de justicia ejemplarizante, pedagógico, fijar nuevas leyes que impidan el acceso al poder del Estado y gobierno, de grupos y partidos políticos radicalizados, y de líderes mesiánicos fanáticos. Necesitamos diseñar un proceso pedagógico y educativo riguroso que proteja al ciudadano, su democracia y libertad.
Mientras tanto, la única esperanza que tiene la población venezolana, en su inmensa mayoría, es la seguridad de contar con la protección, bajo tutela, del poderío militar del gobierno y Estado norteamericano.
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