La hipótesis del impostor, el poder de facto y un complot político que explica 27 años de saqueo
Durante más de un cuarto de siglo, Venezuela ha vivido una tragedia que no puede explicarse únicamente por errores económicos, sanciones internacionales o mala gestión administrativa. La magnitud del colapso institucional, moral y material obliga a formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿y si el problema no fue solo un mal gobierno, sino la captura ilegítima del Estado desde su raíz?
Hoy, a la luz de análisis jurídicos, antecedentes históricos y trabajos documentales recientes, resulta legítimo plantear una hipótesis que hasta hace pocos años era considerada tabú: que Venezuela fue secuestrada políticamente desde 1999 y mantenida bajo control por un entramado de poder interno y externo, cuyo punto culminante fue la imposición y permanencia de Nicolás Maduro como presidente de facto.
El quiebre institucional se produjo en 1999, cuando Hugo Rafael Chávez Frías impulsó una Asamblea Constituyente que, aunque presentada como un acto refundacional, terminó por desmantelar los contrapesos republicanos existentes y concentrar el poder en el Ejecutivo. Desde entonces, la separación de poderes dejó de ser un principio operativo para convertirse en una formalidad vacía. El Tribunal Supremo de Justicia, el órgano electoral y las Fuerzas Armadas pasaron progresivamente a orbitar alrededor del proyecto político del chavismo. Ese diseño institucional permitió algo decisivo: la continuidad del poder incluso al margen de la voluntad popular.
Tras la muerte de Chávez, la sucesión no fue un proceso abierto ni transparente. Nicolás Maduro fue presentado como heredero natural del poder y ratificado en elecciones ampliamente cuestionadas, con denuncias de ventajismo, irregularidades y una oposición fragmentada, neutralizada o funcional al sistema. Pero existe un elemento aún más grave: las dudas sobre su elegibilidad constitucional.
La Constitución venezolana exige que el presidente sea venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad. Sin embargo, investigaciones periodísticas y el documental Mi Paisano, presentado por el historiador venezolano Walter Márquez junto al expresidente colombiano Andrés Pastrana, sostienen que existen serias inconsistencias sobre el lugar de nacimiento y la nacionalidad real de Maduro. El punto no es afirmar una verdad judicial definitiva eso correspondería a instancias independientes que nunca existieron en Venezuela , sino subrayar un hecho central: estas dudas jamás fueron aclaradas con transparencia, porque el sistema estaba diseñado precisamente para no aclararlas.
Cualquier análisis honesto del poder en Venezuela debe incluir el factor externo, particularmente la influencia del régimen cubano. Desde hace décadas, La Habana ha exportado un modelo de control político basado en inteligencia, cooptación institucional y neutralización de disidencias. No se trata de una teoría conspirativa, sino de una relación pública, documentada y admitida, en la que Cuba obtuvo petróleo, financiamiento y apoyo internacional, mientras Venezuela recibió asesoría política y de seguridad. En ese contexto, Maduro aparece más como una figura funcional que como un líder autónomo: un operador político sin carisma propio, pero con absoluta lealtad al sistema.
Toda estructura autoritaria necesita, además, una oposición que no la amenace. En Venezuela, esa oposición existió y existe en forma de partidos, dirigentes y procesos electorales que simularon pluralismo mientras legitimaban el poder real. Este mecanismo permitió al régimen presentarse ante el mundo como una “democracia imperfecta”, cuando en la práctica funcionaba como un poder de facto sostenido por elecciones controladas y acuerdos tácitos.
Si esta hipótesis se comprobara plenamente que la Constituyente de 1999 violó el orden constitucional previo, que la sucesión de Chávez fue manipulada, que Maduro no cumplía los requisitos constitucionales y que su permanencia se sostuvo mediante fraude, coacción y apoyo extranjero la conclusión sería devastadora pero coherente: Venezuela ha sido, desde 1999, un Estado fallido y forajido, secuestrado por una élite política en complicidad con actores externos.
Esto explicaría por qué el país más rico de América Latina fue saqueado durante más de 27 años, por qué colapsaron sus servicios, por qué millones de ciudadanos se vieron forzados a emigrar y por qué la corrupción alcanzó niveles históricos sin precedentes.
La extracción de Maduro el 3 de enero de 2026 no cerró un ciclo: lo abrió. Abrió la obligación histórica de revisar la legitimidad de todo lo ocurrido, de separar el mito del derecho y de reconstruir el Estado sobre bases reales. Venezuela no fracasó por casualidad. Fue llevada al colapso por un proyecto de poder ilegítimo. Reconocerlo no es revancha política; es el primer paso para que no vuelva a repetirse.
Dr. Alfonzo Bolívar
Analista político y económico