Cuando el hemiciclo se llena de votos afirmativos, cuando todos los cuerpos se mueven al unísono, cuando no hay ni una sola mano levantada en objeción, algo no está bien. 277 legisladores votaron a favor de la ley de amnistía el jueves pasado. La perfección de esa unanimidad tiene un sabor amargo, como si alguien hubiera coreografiado cada gesto. En una cámara donde la disidencia es peligrosa, la armonía total no debería sorprender.
Por Jorge Benezra / abc.es
Pero lo que sí resulta perturbador es el cinismo de lo que acaban de aprobar: una ley que promete perdón en un país donde decenas de miles han huido desesperados, donde los centros de detención rebosan de presos políticos, donde la represión ha dejado de ser un instrumento ocasional para convertirse en el mecanismo mismo del poder.
La prisa es visible. Nicolás Maduro está detenido desde principios de enero, enfrentándose a acusaciones graves en tribunales estadounidenses. El Gobierno oficialista insiste en que la amnistía es un paso hacia la paz. Jorge Arreaza, diputado del PSUV y presidente de la Comisión para el Proyecto de Ley de Amnistía, destacó que «esta iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no puede ser confundida con impunidad y responde a la conciencia del momento político».
Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue más allá. Intentó legitimar la amnistía apelando a la historia: «No es la primera vez que se hace una ley de amnistía en Venezuela, desde Bolívar para acá». Pero cualquiera que observe con atención ve algo diferente: la necesidad de actuar rápido, de aprobar antes de que las estructuras del poder colapsen.
Después de que el hemiciclo votara, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, decidió que el recinto no era suficiente escenario. Se presentó en la Zona 7, la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, ese lugar donde los detenidos han pasado por el trance más deshonroso de su vida. Se quitó la chaqueta, se expuso, prometió que «todos» los detenidos serían liberados el mismo día en que se aprobara la ley en segunda discusión.
Pero en el hemiciclo, momentos antes, Rodríguez había dicho algo revelador: «A mí no me gustan los presos». La frase salta en el aire como una confesión. Un hombre que aborrece el encarcelamiento mientras preside un sistema que lo ha convertido en política de Estado. Los familiares de los presos calificaron su visita como un «show». Y tenían razón. Porque, mientras Rodríguez hacía sus promesas, dentro del Parlamento se sabía exactamente qué ley iba a aprobar.
«Esa ley está hecha para resguardar al chavismo en la nueva etapa. El chavismo tiene que blindarse para lo que viene», dijo una exdiputada del chavismo bajo condición de anonimato. No es reconciliación. Es supervivencia política.
La realidad en las calles
En las calles de la Universidad Central de Venezuela sucede algo diferente. Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Derecho, marcha con estudiantes y familiares de presos. Ha abandonado las aulas para hacer valer el derecho donde realmente importa: en la calle, donde el dolor es tangible.
Entre los manifestantes está Mayra Morales. Su hermano, Ricardo Fonseca, es militar. Fue encarcelado en 2020, implicado en la Operación Gedeón. 31 militares fueron recluidos en El Helicoide. Pero hace meses, sin previo aviso, desaparecieron. Traslados arbitrarios. El 31 de julio, el 5 de agosto, el 10 de agosto de 2025. Presuntamente llevados al Fuerte Guaicaipuro. «No sé si está vivo», dice Mayra con su voz quebrándose. «Eso es lo más importante. Que nos permitan verlo». Y teme que los militares queden fuera de la amnistía.
Cuando Apitz habla de la ley, no lo hace desde la frialdad del análisis académico: «Se trata de una aparente contradicción». «En el artículo primero se habla de una amnistía… pero luego se especifica cuáles son esos hechos. No es una amnistía general».
El mayor peligro, según Apitz, reside en lo que la ley no dice. Es muy genérica y no excluye explícitamente a los torturadores, ni a los jueces y fiscales que actuaron como brazo ejecutor de la represión. Tampoco excluye a los funcionarios policiales y militares que «actuaron por acción o por omisión o bajo órdenes para herir o matar a manifestantes».
«Aquí hay funcionarios públicos, policiales o militares que cometieron delitos, que cometieron torturas, que dispensaron tratos crueles e inhumanos. Ellos no están excluidos expresamente en esta ley», señala el jurista. «Debería haber una exclusión directa de estas personas que utilizaron el sistema de justicia como un dispositivo de represión y persecución política».
Aunque la ley excluye los crímenes de lesa humanidad, la falta de un poder judicial independiente hace que esa cláusula sea papel mojado. «Pudiera darse una interpretación amplia de los jueces, tomando en cuenta que el poder judicial venezolano está gobernado directamente por el chavismo», dice.