Venezuela atraviesa por un punto de no retorno donde las medias tintas ya no tienen cabida. En este inicio de 2026, el grito histórico de ¡Abajo cadenas! resuena con una urgencia renovada en cada rincón del país. Momentos históricos se viven en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Nos encontramos ante un tablero político en movimiento donde la palabra amnistía ha dejado de ser un susurro para convertirse en una exigencia nacional. Pero la amnistía no es un favor ni una concesión graciosa del poder, es una obligación moral si queremos dejar de ser una nación que encarcela el pensamiento. La verdadera restauración no vendrá de demoler las paredes del Helicoide, sino en reconocer que la dignidad de la persona humana es inviolable y que no puede estar sujeta a negociaciones.
Hoy, a pesar del goteo de las excarcelaciones al cierre de la primera semana de febrero, la brecha entre la retórica gubernamental y la verificación ciudadana sigue siendo notable, mientras el Ejecutivo anuncia cerca de 895 liberaciones la Organización No Gubernamental Foro Penal mantiene un registro riguroso de 383 excarcelaciones verificadas desde el 8 de enero. Sin embargo, el término sigue siendo relativo, el país cuenta con 687 presos políticos tras las rejas, y quienes han salido tienen medidas cautelares, de un sistema judicial que aún no otorga libertades plenas.
Es así como, la propuesta de Ley de Amnistía que hoy se debate se presenta como un alivio, pero bajo la tutela internacional que hoy vigila nuestra transición, y se asume como un riesgo ético: que la libertad se convierta en ficha de canje. La distinción entre delitos políticos y supuestos “actos de terrorismo” es la gran estafa. No se puede hablar de libertad cuando se pretende mantener inocentes como rehenes para asegurar cuotas de impunidad o levantar sanciones. Si la ley no reconoce que las acusaciones fueron las herramientas de un aparato represivo, la justicia seguirá siendo una parodia. La amnistía tiene que ser absoluta, no negociaciones que se pretenden imponer mientras el mundo observa.
El cierre de El Helicoide debe ir más allá de un acto de relaciones públicas de la administración interina. Si realmente queremos sanar las heridas, ese edificio debe ser un monumento a la memoria, no un centro que pretenda ocultar el dolor bajo capas de pintura. Se tiene prisa por “limpiar la casa” para complacer intereses, pero la paz no se compra con petróleo. La paz se construye cuando el Estado entiende que su fin último es el bien de todos, el cual es inalcanzable mientras la persona humana siga siendo tratada como una mercancía política.
Exigimos la libertad plena, sin grilletes electrónicos ni regímenes de presentación que solo extienden el cautiverio fuera de las celdas. Los venezolanos no queremos limosnas judiciales, exigimos la restitución absoluta de los derechos de todos los perseguidos por razones políticas. Una sociedad que permite que la dignidad de sus ciudadanos sea moneda de cambio en una mesa de diálogo internacional está condenada a repetir sus humillaciones.
La historia de El Helicoide es la historia de nuestras propias ambiciones rotas. No se puede permitir que la solución sea simplemente cambiar el barniz exterior sacrificando una vez más, la verdad en el altar del pragmatismo.
@angelmontielp