La Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín) pidió a la comisión parlamentaria que impulsa la consulta pública al proyecto Ley de Amnistía, incluir la figura del reparo y subvención para los presos y víctimas de la violencia política.
La petición, que fue realizada por el presidente de la organización, Marcelo Díaz Bracho, y Coromoto Ramos, miembro de la Comisión Jurídica, asegura que no es suficiente con perdonar. “Qué pasa con los cientos de casos como las personas que debieron ser ayudadas a caminar cuando salían de las cárceles y que ni siquiera reconocían a sus familiares”.
“Las historias son interminables, personas enfermas, familiares que tienen que viajar desde un lejano estado a Caracas, pasando hambre y cuando llegan resulta que el detenido está en otra cárcel”.
“Con los regímenes de presentación, esperando horas y horas sin respuesta ni información para luego decirle que el juez difirió la audiencia o no hay despacho”, denunciaron los directivos Díaz y Ramos.
“De los miles de empleados públicos despedidos, maltratados y sacados a la fuerza de las oficinas porque eran miembros de mesas de votación, opositores o razones políticas. Esos empleados de la administración pública nacional, estadal o municipal deben ser reincorporados a sus trabajos”, resalta.
Ambos activistas de derechos humanos pidieron a la comisión parlamentaria, que impulsa la consulta popular del proyecto de ley de amnistía, incluir en la normativa la situación social de las víctimas por violencia política.
“Es necesario incluir un articulado que obligue al gobierno al reparo de las víctimas con una subvención, asistencia médica hospitalaria y suministro de medicinas”.