Un juez decretó este jueves prisión provisional en Cuba para dos creadores de contenidos digitales que divulgaron en redes contenidos críticos mientras se les investiga por los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.
La Fiscalía Provincial de Holguín (oriente de Cuba) informó en un comunicado de la decisión del juez y de la investigación en curso (y sin petición formal de penas por el momento). De acuerdo con el Código Penal cubano, las penas por estos delitos pueden llegar hasta los ocho años y los 18 meses de prisión, respectivamente.
Los imputados, Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, forman parte del proyecto digital El4tico (el cuartico), en el que un grupo de jóvenes cuelga videos en redes con críticas al Gobierno de la isla.
Oenegés como Amnistía Internacional y Justicia 11J, así como activistas y disidentes cubanos, alertaron que los dos investigados están detenidos desde el 6 de febrero.
En días pasados, la activista Yanet Rodríguez Sánchez presentó un habeas corpus -procedimiento urgente para determinar si la privación de libertad de una persona es legal o ilegal- ante el Tribunal Provincial de Holguín, de acuerdo con la organización opositora Ciudadanía y Libertad.
La Fiscalía de Holguín aseguró que El4tico ha realizado «publicaciones que incitan al pueblo, a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del ministerio del Interior a cambiar el orden constitucional» de Cuba y que «difaman sobre la actuación de instituciones políticas y sociales del país».
En una publicación que luego borró de redes sociales, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Holguín, Joel Queipo Ruiz, describió a los detenidos como los «rostros que pintan de inocentes y tienen alma de traidores invasores».
Tras conocerse la imputación, Amnistía Internacional cargó contra la decisión del fiscal y aseguró que «usar figuras penales amplias para encarcelar a quienes crean contenido envía un mensaje de miedo a toda la ciudadanía: opinar puede costarte la libertad».
En ese mismo tono, Justicia 11J denunció «el uso del sistema penal y de los mecanismos judiciales para criminalizar la libertad de expresión y castigar el disenso, tanto en el espacio público como en el entorno digital».
El pasado viernes, Amnistía Internacional y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertaron de una «escalada» represiva desde enero en Cuba, que vinculan con la creciente presión de Estados Unidos contra La Habana.
Ambas ONG, en comunicados separados, hablaron de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y negación de derechos para ciudadanos y presos.
EFE