El dirigente político venezolano Antonio Ledezma denunció que el proyecto de Ley de Amnistía propuesto por Delcy Rodríguez, “es una estafa, humillación, un maquillaje jurídico, no absuelve, criminaliza a la oposición”.
A través de un comunicado, en su condición de presidente del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), luego de conocerse el diferimiento del debate parlamentario sobre el texto normativo, Ledezma cuestionó el polémico artículo 7 del proyecto de amnistía que obligó la suspensión de la discusión legislativa por discrepancia entre los parlamentarios de un sector de la oposición y la bancada chavista.
“El artículo 7 es una afrenta abierta al liderazgo opositor en el exilio. Obliga a presentarse ante tribunales que responden a la dictadura, aceptar cargos inexistentes y someterse a un ritual de degradación pública”.
“No es justicia, es venganza institucionalizada. Nicolás Maduro Guerra ha sentenciado: quienes supuestamente cometieron delitos deben primero ponerse a derecho ante ese sistema judicial manipulado. Con esa exigencia queda al descubierto el propósito real: quebrar moralmente a quienes han resistido”.
En el escrito, Ledezma exiliado en España, dice que ABP denuncia que no se está frente a una ley de amnistía.
“Estamos ante un mecanismo de sometimiento político diseñado para humillar a las víctimas y proteger a quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela”.
“Lo que se necesita es algo mucho más simple y mucho más justo: una instrucción administrativa inmediata y resoluciones judiciales de sobreseimiento definitivo para todos los presos políticos, sin condiciones ni humillaciones”, puntualizó.
Comunicado de Alianza Bravo Pueblo:
¡No es una amnistía, es una humillación!
Desde nuestro movimiento Alianza Bravo Pueblo hacemos del conocimiento público nuestra denuncia ante las maniobras arteras del régimen continuista de los hermanos Rodríguez, quienes pretenden estafar a la ciudadanía venezolana y engañar a la comunidad internacional mediante la instrumentación de una mal llamada Ley de Amnistía, en cuyo proyecto, desde su primera línea, no se hace otra cosa que criminalizar a quienes han sido perseguidos por pensar distinto.
Así se puede leer en el proyectado artículo 6, texto que reafirma esa lógica perversa. No absuelve: acusa.
ABP denuncia que no estamos frente a una ley de amnistía. Estamos ante un mecanismo de sometimiento político diseñado para humillar a las víctimas y proteger a quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela.
Lo que pretenden vender como clemencia no es más que una operación de maquillaje jurídico destinada a encubrir responsabilidades y perpetuar la injusticia.
Una amnistía verdadera reconoce que hubo abusos y abre el camino a la reconciliación.
Esta ley hace exactamente lo contrario: su artículo 1 declara que todos los detenidos y procesados cometieron delitos. Desde su primera línea, criminaliza a quienes han sido perseguidos por pensar distinto. El artículo 6 reafirma esa lógica perversa. No absuelve: acusa.
Así se adultera el concepto mismo de amnistía.
La ley de la humillación
El artículo 7 es una afrenta abierta al liderazgo opositor en el exilio. Obliga a “presentarse” ante tribunales que responden a la dictadura, aceptar cargos inexistentes y someterse a un ritual de degradación pública. No es justicia, es venganza institucionalizada. Nicolás Maduro Guerra ha sentenciado: quienes supuestamente cometieron “delitos” deben primero ponerse a derecho ante ese sistema judicial manipulado. Con esa exigencia queda al descubierto el propósito real: quebrar moralmente a quienes han resistido.
Ese bodrio legislativo es una falacia. Criminaliza a las víctimas del terrorismo de Estado y coloca en manos de un poder judicializado y corrupto la potestad de decidir quién merece la libertad.
Además, niega algo esencial en cualquier proceso genuino de justicia: no contempla reparaciones por los daños causados.
Pretende pasar la página sin reconocer el sufrimiento de los perseguidos ni las pérdidas irreparables de sus familias.
Más grave aún, busca encubrir a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, diluyendo responsabilidades bajo el disfraz de una supuesta reconciliación. No hay reconciliación cuando el victimario queda protegido y la víctima es obligada a declararse culpable.
En ABP no hablamos desde la teoría. Líderes de Alianza Bravo Pueblo han resistido prisiones injustas, nuestro fundador Antonio Ledezma padeció más de mil días injustamente privado de libertad, nuestro presidente en funciones, Richard Blanco, actualmente Vicepresidente de la legítima Asamblea Nacional, en el año 2009, fue recluido por más de ocho meses en la cárcel de Yare, varios líderes de nuestro movimiento abepista, de los estados Vargas, Caracas, Lara, Mérida, Táchira, Guárico, Falcón, han escarmentado en cabeza propia lo que significa enfrentar un aparato que viola la Constitución sin pudor.
El artículo 49 de la Constitución Nacional garantiza el debido proceso. Nunca lo tuvimos. El artículo 43 obliga al Estado a proteger la vida de quienes están detenidos; aun así, decenas de presos políticos murieron sin atención médica adecuada. El artículo 44 prohíbe detenciones sin orden judicial; sin embargo, el 19 de febrero de 2015 nuestro líder fundador, Antonio Ledezma, siendo alcalde metropolitano en ejercicio fue secuestrado por funcionarios encapuchados y armados con fusiles, sin presentar orden de captura ni allanamiento, derribando la puerta de su despacho con una mandarria.
El artículo 45 de nuestra Carta Magna prohíbe la desaparición forzada, práctica que ha seguido ocurriendo. El artículo 47 protege la inviolabilidad del hogar, pero innumerables viviendas han sido profanadas. El artículo 57 consagra la libertad de expresión, y aun así persiguen a los ciudadanos por disentir.
Todas estas normas han sido sistemáticamente violadas. Por tanto, las detenciones de presos políticos son nulas de pleno derecho.
No se necesita amnistía para liberar inocentes
Si no existe responsabilidad penal válida, no hay nada que perdonar. Esta ley no busca liberar; busca legitimar el abuso previo y consolidar una narrativa falsa donde los perseguidos aparecen como culpables. No da lugar a reparaciones, no restituye derechos, no reconoce inocencias. Es un instrumento para blindar a los responsables de la represión y trasladar la carga moral sobre quienes han sufrido la persecución.
Lo que se necesita es algo mucho más simple y mucho más justo: una instrucción administrativa inmediata y resoluciones judiciales de sobreseimiento definitivo para todos los presos políticos, sin condiciones ni humillaciones. La dictadura intenta presentar esta maniobra como una salida política. No lo es. Es una capitulación disfrazada de magnanimidad. Pretenden imponer una condena perpetua en la memoria pública, obligando a los perseguidos a cargar con un estigma que no les pertenece.
No es reconciliación. Es escarnio. No es justicia. Es encubrimiento. No es una amnistía. Es una humillación. Y Venezuela merece algo infinitamente más digno que esta farsa.