Antes de caer rendida a las órdenes de Washington, Delcy Rodríguez también otorgó dos Contratos de Participación Productiva para la explotación de crudo venezolano a personajes del círculo amistoso del presidente Gustavo Petro. La empresa beneficiada se llama Colven Business Corp y podrá operar los campos de la cuenca Barinas-Apure, muy cerca del departamento de Arauca, con reservas equivalentes a un poco más de la mitad de las que tiene toda Colombia
Por Roberto Deniz y Jineth Prieto | Armando.info
Empresarios colombianos cercanos al entorno amistoso de Gustavo Petro también se han sumado a la fiesta petrolera que, sin mucho aspaviento, comenzó hace dos años alrededor del botín energético venezolano. Sus nombres destacan por formar parte de una empresa favorecida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, quien le otorgó dos Contratos de Participación Productiva (CPP) mientras aún ejercía como ministra de Petróleo y antes de la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano por fuerzas élite estadounidenses el pasado 3 de enero.
Hasta el año pasado Delcy Rodríguez se cobijó en el secretismo de Ley Antibloqueo para repartir casi de forma confidencial estos CPP que, en la práctica, suponen una suerte de privatización de la actividad petrolera en Venezuela al ampliar las concesiones y ventajas para los socios privados, derrumbando el esquema de las “empresas mixtas”, impulsadas durante años por Hugo Chávez, en donde el Estado siempre tendría la participación mayoritaria con, al menos, 51% del negocio.
Pero con la apresurada reforma de Ley de Hidrocarburos, aprobada el pasado 29 de enero por la Asamblea Nacional, los CPP ya no están en la sombra. Bastaron dos sesiones parlamentarias -encabezadas por el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge- para que esta modalidad fuera legalizada como la nueva figura contractual que utilizará la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Unos días antes, el 26 de enero, ya Delcy Rodríguez la había calificado como un “modelo exitoso” e informó que, hasta el momento, Venezuela había firmado 29 CPP.
El abanico de beneficiarios por los CPP es amplio, pero destacan figuras conectadas muy de cerca a la nomenklatura de la autodenominada “Revolución Bolivariana”, tal y como lo ha reportado Armando.Info. A la cabeza se encuentra Harry Sargeant III, el magnate petrolero estadounidense, amigo de Donald Trump y quien llegó a tener una relación tan cercana a Nicolás Maduro que éste lo llamaba “abuelo”, según reportó esta semana el diario Wall Street Journal. Además de este, un selecto grupo de empresarios ecuatorianos cercanos a exfuncionarios del expresidente Rafael Correa fue recipiente de un CPP, lo mismo que sociedades manejadas por contratistas del régimen venezolano como Alex Saab Morán y el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro.
Documentos obtenidos para esta investigación entre Armando.Info y el medio independiente La Silla Vacía confirman que la empresa Colven Business & Corp, creada por Danilo Romero Gómez, compadre del presidente colombiano, fue beneficiada con dos CPP para explotar y comercializar petróleo de los estados Apure y Barinas, al suroccidente del país y cercanos al departamento de Arauca colombiano, y cuyas reservas probadas representan poco más de la mitad de las que posee toda Colombia.
Romero y Petro tienen una amistad de décadas. El vínculo es tal que fue Romero quien pagó el viaje a Florencia, Italia, de Petro para celebrar su victoria en la elección presidencial de 2022. La cercanía es tal que Romero y su esposa son padrinos de la hija menor de Petro, y Petro y su esposa, a su vez, son padrinos de uno de los hijos de Romero.
Cuando Petro llegó a la Presidencia de Colombia, Romero fue uno de los personajes que se manejó como opción para ocupar puestos ministeriales; varios de sus familiares han recibido cargos y contratos estatales y, entre tanto roce con el poder, él mismo ha sido salpicado en escándalos de corrupción en empresas que hacen parte del Grupo Ecopetrol, la petrolera organizada como sociedad anónima en la que el Estado colombiano controla casi el 90% de las acciones.
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