En un país donde informar ha sido tratado como delito, una ley de amnistía no es un gesto de cortesía: es una condición de supervivencia. Es la línea que separa a una sociedad capaz de hablarse a sí misma de un país condenado a susurrar, a medias, lo que sabe y lo que teme. “Un buen periódico, supongo, es una nación hablándose a sí misma”. Arthur Miller pronunció esta idea en una entrevista en 1961, en un momento en que la prensa escrita era el principal espacio de deliberación pública en su país. Su reflexión sintetiza una visión profundamente democrática del periodismo. La suscribo por pertinente, y por ser además una muy bella valoración de mi oficio.
En los últimos años, el periodismo venezolano ha sido sometido a una operación de demolición medible en cifras para poder ser gráficamente descriptivos. Solo entre enero y noviembre de 2025, el CNP registró al menos 111 incidentes contra trabajadores de la prensa, con 21 periodistas encarcelados y el cierre de ocho medios en ese lapso. El SNTP ha advertido que, en momentos recientes, al menos 35 comunicadores han estado judicializados de forma simultánea -con 15 detenidos, 12 bajo medidas cautelares y otros ocho perseguidos o forzados a la clandestinidad, mientras que informes de IPYS documentan, para 2024, 14 periodistas presos, 22 forzados al exilio y 571 violaciones a garantías informativas en 383 casos, que incluyen detenciones arbitrarias, desplazamientos internos e internacionales y hasta desapariciones forzadas.
A esto se suma el vaciamiento del ecosistema informativo. En un solo año Conatel sacó del aire 20 emisoras de radio, se bloquearon al menos 39 medios digitales independientes y, si se considera el acumulado de cierres, apagones de diales y bloqueos de portales desde 2014, el propio SNTP estima que la pluralidad informativa se ha reducido en más de 80%, una especie de holocausto silencioso de redacciones, cabinas y portales que explica por qué hoy hablar de amnistía no es una concesión, sino un intento tardío de rescatar lo que queda de un sistema informativo deliberadamente devastado.
Los datos disponibles permiten trazar una dimensión concreta del éxodo periodístico venezolano. El estudio regional “Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018–2024” documenta que, de 913 periodistas forzados a huir en la región, al menos 477 son venezolanos, lo que convierte a Venezuela en el país con más comunicadores exiliados de América Latina. A esa cifra se suma lo que IPYS y Amnistía Internacional describen como una diáspora aún mayor y difícil de medir: en una muestra de 347 periodistas venezolanos fuera del país, 85,63% declaró haber emigrado directamente por las restricciones, hostigamiento judicial, amenazas de desaparición forzada y tortura asociadas al ejercicio del oficio, mientras el Colegio Nacional de Periodistas ha llegado a estimar que, si se incluyen todas las oleadas desde 2014, al menos 2.000 comunicadores han cruzado la frontera buscando protección y libertad para seguir informando
La amnistía que hoy se discute no es un trámite técnico más en la Asamblea, es el espejo donde Venezuela decide si el periodismo sigue siendo un oficio castigado o se convierte, por fin, en un ejercicio protegido del espacio público. Durante años, el aparato judicial se usó como arma de silenciamiento: terrorismo, asociación para delinquir, “instigación al odio”, “noticias falsas” fueron etiquetas penales pegadas sobre reportajes, tuits, coberturas de protestas, denuncias de corrupción. No se perseguían “delitos”; se perseguía la circulación de información incómoda y la obstinación de quienes se negaron a narrar el país en el idioma del poder.
La propuesta impulsada por el gremio –y en particular por el SNTP– tiene el mérito de decirlo sin rodeos: hubo un patrón sistemático de criminalización del periodista y de la libertad de expresión. Por eso exige algo más que excarcelaciones discretas: pide reconocimiento expreso de esa persecución, amnistía para los tipos penales usados contra la prensa, inclusión de exiliados, devolución de equipos y medios, nulidad de antecedentes y garantías de no repetición. No se conforma con abrir la reja de la celda; reclama también borrar el expediente que convierte al periodista en sospechoso permanente, devolverle su oficio, su pasaporte y su derecho a mirar al Estado de frente.
El beneficio de una amnistía robusta va mucho más allá del gremio. Cada reportero liberado, cada causa archivada, cada medio reabierto significa una cosa muy simple: la sociedad vuelve a disponer de ojos y oídos donde antes solo había miedo. Cuando la ley amnistía a quienes fueron castigados por informar, reconoce que el daño no fue solo individual, sino colectivo: fueron los ciudadanos quienes se quedaron sin cobertura de hospitales colapsados, escuelas sin presupuesto, abusos policiales y negociados opacos. Restituir al periodista no es “privilegiarlo”; es devolverle a la gente su derecho a saber qué le hacen, en su nombre, quienes gobiernan.
Lo contrario también debe decirse sin eufemismos: mientras no exista una amnistía que desmonte esas causas, el periodismo seguirá haciéndose de espaldas a una sombra. Cada código penal sin corregir, cada ley de “odio” ambigua, cada sentencia que sigue viva en un tribunal envía el mismo mensaje: informar puede costar la libertad. Ese mensaje no necesita repetirse en cadena nacional para surtir efecto; basta con que editores y reporteros recuerden el nombre de un colega preso o exiliado para que la autocensura se vuelva reflejo. Allí es donde la ausencia de amnistía no solo castiga al periodista, sino que distorsiona la conversación pública: temas que deberían discutirse en voz alta se vuelven materia de susurros privados.
Una buena ley de amnistía debe ir mucho más lejos que el gesto político de “pasar la página”. Debe borrar antecedentes penales de quienes fueron procesados por informar, asegurar que los mismos hechos no puedan reciclarse como nuevos delitos, ordenar la devolución de equipos y emisoras confiscadas, y reconocer la necesidad de reparación –no solo material, también simbólica– para periodistas, medios y audiencias. Debe blindar expresamente al ejercicio periodístico frente al uso abusivo de leyes especiales: que la palabra “terrorismo” no vuelva a pegarse al hecho de cubrir una marcha; que “odio” no se use para condenar una opinión dura; que un titular crítico no vuelva a ser presentado como “delito”.
La propuesta del SNTP abre el camino al conectar amnistía con futuro: no se queda en limpiar el pasado, sino que obliga a pensar en una ley de protección integral al periodista, con mecanismos de prevención, protección y reparación. Esa conexión es crucial para el ecosistema informativo venezolano, hoy disminuido por cierres de medios, bloqueos, decomisos y exilios. Una amnistía fuerte puede ser el primer ladrillo de una nueva arquitectura: más medios, más voces, más investigación, menos miedo. Sin ese ladrillo, cualquier promesa de “reapertura” será siempre condicional, revocable, sujeta al capricho del próximo giro político.
Por supuesto, una ley de amnistía que merezca el apoyo del periodismo no puede blanquear crímenes de Estado ni borrar responsabilidades por tortura, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales. La línea es clara: amnistía para quienes fueron perseguidos por ejercer derechos; justicia para quienes abusaron del poder y violaron esos mismos derechos. El periodismo no debe sacrificar verdad ni memoria en nombre de la reconciliación; debe, más bien, explicar que una amnistía bien diseñada es parte de la garantía de no repetición, porque desmonta el uso del aparato penal como mecanismo de censura y abre espacio para investigar, documentar y narrar lo ocurrido.
Por eso, cuando el gremio reclama una ley amplia, clara y con plenas garantías, no está pidiendo una excepción corporativa. Está defendiendo la posibilidad de que la próxima vez que un periodista reciba un dato sobre corrupción, un audio sobre abuso policial o una estadística incómoda de un hospital, pueda decidir publicarla pensando en su deber profesional, no en la ficha de recluso que lo espera. Está defendiendo la idea de que los ciudadanos tienen derecho a una prensa que no calcula cada frase en función del miedo, sino en función de la veracidad y el interés público.
Quien escribe estas líneas no reclama una amnistía para volver a una normalidad anterior, porque esa normalidad nunca fue suficiente. Reclama una amnistía como punto de partida para algo mejor: un ecosistema informativo plural, incómodo, vigilante; medios libres que no pidan permiso para investigar; periodistas que sepan que su lugar natural no es la sala de audiencia de un tribunal, sino la calle, el archivo, la redacción. Una amnistía conveniente para el periodismo es, en el fondo, una amnistía conveniente para las mentes abiertas: libera al país de la idea de que pensar distinto y contarlo en voz alta es una imprudencia.
Por eso, el periodismo que no renuncia a sí mismo debe ser exigente: no aceptar amnistías a medias, no aplaudir leyes que excarcelen, pero no reparen, que alivien, pero no cambien. Debe acompañar el proceso con la misma herramienta que le ha costado persecución: preguntas. ¿Quiénes quedan fuera y por qué?, ¿qué delitos se amnistían exactamente?, ¿qué se hará con las leyes que hicieron posible la criminalización?, ¿cuándo se tramitará la ley de protección integral al periodista?, ¿qué garantías hay de que la historia no se repetirá?
Una ley de amnistía que responda bien a esas preguntas será, por primera vez en mucho tiempo, una ley escrita también en nombre de quienes fueron castigados por escribir. Y el periodismo, si quiere estar a la altura de su oficio, no puede ser un espectador pasivo de esa discusión: debe ser su protagonista crítico, su memoria incómoda y su primera línea de defensa