
El régimen chavista, por medio de Yván Gil, lanzó una nueva pataleta a través de un comunicado que rechaza las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, sobre la situación política en Venezuela luego del arresto de Nicolás Maduro durante el operativo militar denominado “Resolución Absoluta” ejecutado por fuerzas de los Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero en Caracas.
Por: lapatilla.com
Gil afirmó que: «Venezuela rechaza las inadecuadas e intervencionistas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Japón… alejadas de los principios básicos del derecho internacional», subrayando que «la soberanía de los pueblos no se negocia ni se juzga desde fuera».
El régimen chavista enfatizó que las relaciones entre Estados deben «ceñirse a la igualdad soberana, la no intervención y la reciprocidad entre naciones», invitando al Gobierno japonés «a revisar cualquier enfoque injerencista en función de una relación sana y de respeto mutuo».

Este pronunciamiento surge tras el discurso del ministro japonés Toshimitsu Motegi, en el que expresó su preocupación por la situación en Venezuela, mencionando temas como derechos humanos, falta de elecciones transparentes y el flujo de refugiados venezolanos hacia otros países.
Motegi enfatizó la importancia de la libertad, la democracia y el Estado de derecho, y anunció que Japón continuará sus esfuerzos diplomáticos para contribuir a la estabilización y democratización de Venezuela en cooperación con países relevantes.
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El rechazo diplomático se da en medio de un clima de alta tensión internacional tras una operación militar de Estados Unidos en Caracas, conocida como “Resolución Absoluta” que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado bajo custodia estadounidense a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y otros delitos.
La operación, que se llevó a cabo el 3 de enero, incluyó bombardeos a objetivos militares y la incursión de fuerzas especiales en la capital venezolana. Las autoridades estadounidenses afirmaron que la acción tenía como objetivo arrestar a Maduro por delitos graves y asegurar una transición política. Sin embargo, este hecho fue calificado por el chavismo como «una violación flagrante de la soberanía y el derecho internacional».
