Venezuela ya cuenta con la tan esperada Ley de Amnistía, que liberará en los próximos días a buena parte de los casi 700 prisioneros políticos que el chavismo mantiene de forma injusta entre rejas. Semejante noticia, que debería llenar de júbilo a una sociedad herida por dos décadas de constante abusos, ha provocado en cambio reacciones de todo tipo, pero ninguna de alegría nacional más allá de las declaraciones de quienes la apoyan.
Por: El Mundo
La ley «chucuta» (deficiente e incompleta), la han bautizado desde Juan Pablo Guanipa, número 2 de la Plataforma Unitaria a quien se le retiró la tobillera electrónica que le habían impuesto en su arresto domiciliario, a Andrés Velásquez, otro de los dirigentes nacionales de la oposición democrática recién salido de la clandestinidad. Una amnistía llena de trampas, que amenaza con mantener en prisión a los 185 militares presos y a quienes han participado en supuestas operaciones violentas.
«Ellos quieren ganar tiempo para mantenerse en el poder», certificó Guanipa tras recuperar la libertad.
El Foro Penal calcula que los perjudicados pueden ser hasta 400, que además entrarían en otro proceso arbitrario en el que se vería caso a caso, siempre en interés de la revolución. Por si fuera poco, quienes sean liberados en las próximas dos semanas deben acudir antes a los tribunales de la represión para que sean los mismos que les encarcelaron injustamente quienes les abran la puerta de sus mazmorras. Como si los verdugos fueran ahora unos santos.
«Esta ley fue un terrorismo, un fraude porque sólo incluye a una minoría. Ellos mismos se cobran y se dan el vuelto. Ellos mismos tienen sus mismos jueces y sus mismos abogados. Seguimos en lo mismo, con las mismas leyes para cerrarnos la boca. Exigimos un decreto presidencial para que todos los presos políticos sean liberados», reclamó ayer con vehemencia Francis Quiñones en nombre de las familias de los 120 militares presos en condiciones inhumanas en el Fuerte Guaicaipuro.
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