La Asamblea Nacional chavista sancionó la Ley de Amnistía, según se publicó en la Gaceta Oficial N° 6.990 Extraordinaria. El instrumento legal, que entró en vigencia de forma inmediata, concedió una amnistía general y plena a los delitos y faltas cometidos en el marco de diversos eventos de conflictividad política ocurridos en el país desde el 1 de enero de 1999.
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El texto legal estableció en su artículo 1 que el objeto de esta medida fue promover la paz social y la reconciliación nacional mediante la extinción de acciones penales, civiles y disciplinarias. El beneficio abarcó a personas procesadas o condenadas por hechos específicos, tales como los sucesos de abril de 2002, el paro petrolero de 2003, y las manifestaciones políticas de los años 2014, 2017, 2019, 2024 y 2025.
A pesar del carácter general de la norma, el artículo 9 fijó exclusiones estrictas para quienes incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Asimismo, quedaron fuera del beneficio los responsables de homicidios intencionales, tráfico de drogas y actos de corrupción. Tampoco podrán optar a la amnistía quienes participaron en acciones armadas contra la soberanía nacional financiadas por entes extranjeros.
Para la aplicación de la ley, los tribunales competentes deberán verificar los supuestos de cada caso y decretar el sobreseimiento o la anulación de sentencias firmes en un plazo máximo de 15 días continuos. La normativa permitió que aquellas personas que se encuentren fuera del territorio nacional sean representadas por abogados de confianza para tramitar su solicitud. Una vez presentada la petición, el beneficiario no podrá ser privado de libertad por los hechos descritos en el texto legal.
El documento oficial detalló que los órganos policiales y de investigación deberán finalizar las averiguaciones relativas a los hechos amnistiados y eliminar los registros de antecedentes de los beneficiarios.