La ONG venezolana de derechos humanos, Foro Penal, denunció en su cuenta oficial de X la desaparición forzada del Mayor del Ejército venezolano, Jhonathan Javier Mendoza Suárez, de 43 años, oriundo de San Cristóbal, estado Táchira.
Por: lapatilla.com
Según la organización, desde el 11 de diciembre de 2024 se desconoce su paradero tras ser detenido nuevamente y entregado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), lo que ha encendido alarmas sobre posibles violaciones a sus derechos humanos fundamentales.
Jhonathan Javier Mendoza Suárez es un mayor retirado del Ejército venezolano y padre de dos hijos. Su familia lo describe como un profesional dedicado a su carrera militar y un hombre profundamente humano.
En 2022, mientras realizaba trabajos como taxista para obtener ingresos adicionales, Mendoza fue detenido en una alcabala bajo sospechas de tráfico ilícito de materiales estratégicos. Permaneció 18 meses detenido en el Cicpc de La Candelaria (Caracas) hasta que, el 31 de agosto de 2023, logró demostrar su inocencia y recuperó su libertad.
Tras su excarcelación, la familia señala que sufrió un fuerte impacto psicológico derivado de la injusta detención, lo que lo llevó a no presentarse ante el tribunal militar para formalizar su baja de las fuerzas armadas.
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La noche del 11 de diciembre de 2024, Mendoza se encontraba viajando como copiloto junto a una amiga cuando fue interceptado por funcionarios motorizados, quienes tras verificar sus datos constataron que aún figuraba como militar activo. Fue detenido y entregado a la Dgcim en el estado Táchira. Desde ese momento, no hay información oficial sobre su ubicación, situación judicial o condiciones de detención.
La familia y defensores de derechos humanos han calificado este hecho como desaparición forzada, al no existir registro de presentación ante tribunales ni notificación formal a sus allegados, prolongándose su situación en estado de incertidumbre.
De forma extraoficial, un defensor público ha señalado que Mendoza podría estar siendo acusado de delitos extremadamente graves —como terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, conspiración y traición a la patria—, atribuciones que su familia rechaza y considera infundadas.
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Los familiares de Mendoza han emprendido una búsqueda incansable en distintos organismos oficiales sin recibir información formal sobre su estado. Exigen conocer su paradero y se pronuncian por el respeto irrestricto de sus derechos humanos, debido proceso y garantías fundamentales.
La denuncia se ha viralizado con la etiqueta #LiberenAJhonathan, generando reacciones de organizaciones nacionales e internacionales que monitorean casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en Venezuela.
