La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está desatando una ola de sanciones contra narcotraficantes y sus asociados, pero la falta de aplicación efectiva ha limitado su impacto sobre las redes criminales transnacionales.
Durante años, las sanciones de Estados Unidos en el hemisferio occidental apuntaron a grandes capos con el objetivo de debilitar sus organizaciones desde la cúpula. Sin embargo, en lugar de colapsar, los sindicatos criminales a menudo se fragmentaron y el flujo de drogas no se detuvo.
Recientemente, algunos funcionarios estadounidenses, incluidos altos mandos de la Administración para el Control de Drogas (US Drug Enforcement Administration, DEA), han tratado a los grupos narcotraficantes como redes financieras y logísticas que se adaptan y deben desarticularse, en lugar de jerarquías que deben decapitarse.
El ‘narcoterrorismo’ regresa
La segunda administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha equiparado el narcotráfico con el terrorismo, aplicando diversos instrumentos de política antiterrorista —incluidas las sanciones— contra grupos criminales. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro ha recurrido a las facultades antiterroristas para complementar las sanciones por narcotráfico.
Al ampliar el uso de la categoría de Terrorista Global Especialmente Designado (Specially Designated Global Terrorist, SDGT), la OFAC apuntó contra redes de narcotráfico, incluidos lavadores de dinero, proveedores de precursores químicos y empresas fantasma.
En 2025, también invocó con mayor frecuencia la designación de Organización Criminal Transnacional (Transnational Criminal Organization, TCO), incluyendo a individuos y entidades presuntamente vinculados a redes de tráfico en su lista negra.
Como resultado, en 2025 la lista de Ciudadanos Especialmente Designados (Specially Designated Nationals, SDN) de la OFAC —dirigida contra redes criminales en Latinoamérica— se incrementó, incluso cuando las designaciones globales de SDN en general disminuyeron.
¿A quiénes se ha apuntado?
La creciente lista de sanciones viene con un nuevo enfoque: entidades por encima de individuos. En lugar de sancionar principalmente a personas, el Departamento del Tesoro apunta cada vez más contra redes criminales más amplias.
Los grupos criminales mexicanos concentraron la mayor parte de las nuevas sanciones a entidades. En 2025, la OFAC golpeó a empresas fantasma vinculadas al Cartel de Sinaloa, y puso en su lista negra empresas de hotelería, spas, bienes raíces y otras entidades de fachada que, según la agencia, lavaban ganancias del narcotráfico para Los Chapitos, una facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La OFAC también apuntó contra redes de contrabando de combustible y gasolineras conectadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL).
Las sanciones se extendieron más allá de México. Venezuela vio cómo las designaciones de sanciones casi se triplicaron en 2025. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista extranjera.
La OFAC también actuó contra compañías navieras y embarcaciones que operan en el sector petrolero venezolano por transportar crudo venezolano y utilizar prácticas de envío engañosas, evadiendo las sanciones petroleras, en un esfuerzo por financiar el “régimen narcoterrorista corrupto” de Venezuela.
En 2025, la OFAC apuntó contra redes de transbordo de cocaína en Costa Rica, Guyana y Surinam, incluidos funcionarios portuarios, empresas navieras y operadores de aeronaves que presuntamente mueven cocaína a través del Caribe hacia Europa y Estados Unidos.
Vacío de aplicación
En teoría, las sanciones dirigidas a redes le otorgan a la OFAC mayor capacidad de aplicación. Muchas empresas fantasma están registradas en Estados Unidos o poseen activos estadounidenses. Incluso cuando no los tienen, su dependencia de la liquidación de transacciones en dólares a través de bancos estadounidenses las expone a las acciones del Departamento del Tesoro.
En la práctica, la aplicación de las sanciones se ha limitado en gran medida al bloqueo de activos y la prohibición de transacciones. Pocas incautaciones o interrupciones reportadas pueden vincularse directamente con las sanciones. La OFAC recaudó apenas unos US$266 millones en multas civiles en 2025.
Las recuperaciones globales por lavado de dinero y violaciones de sanciones cayeron a US$940 millones —frente a más de US$3.000 millones el año anterior— y solo una fracción insignificante estuvo vinculada a redes de narcotráfico latinoamericanas sancionadas. Incluso los US$12,7 millones incautados de activos del Cartel de Sinaloa provinieron de arrestos y redadas, no de sanciones.
Estas cifras de aplicación apuntan a una limitación clave: la capacidad institucional.
“La OFAC no tiene suficiente personal”, señaló a InSight Crime Tony Borrayo, exfuncionario del Departamento del Tesoro. El presupuesto y la nómina de la OFAC han crecido apenas modestamente mientras las nuevas sanciones se dispararon, lo que amplia la brecha entre los recursos y el mandato expandido de la agencia.
Las sanciones basadas en redes generan una presión adicional sobre la capacidad de la OFAC. Requieren investigaciones más profundas y dependen en gran medida del cumplimiento del sector privado.
“La comunidad financiera de Estados Unidos juega un papel importante”, afirmó Borrayo. “Son principalmente los bancos los responsables de bloquear cuentas o transacciones vinculadas a actores designados”. Delegar la aplicación en los bancos puede funcionar como un disuasivo, añadió Borrayo, ya que “cualquier institución que ayude a una parte sancionada se arriesga a ser sancionada ella misma”.
Pero el efecto disuasorio a menudo depende de los incentivos privados. Congelar cuentas y reportar transacciones sospechosas les cuesta a los bancos tiempo y recursos, pero no genera ingresos. Esa tensión ha creado vacíos en el cumplimiento. En 2024, por ejemplo, TD Bank pagó más de US$3.000 millones por permitir que dinero sucio del narcotráfico fluyera a través de su sistema.
‘Tapando un hueco para que se abra otro’
Las redes de narcotráfico sancionadas a menudo superan en agilidad a la OFAC, y mueven fondos y reemplazan empresas fachada más rápido de lo que las autoridades pueden cerrarlas.
“Los carteles son organizaciones que por naturaleza evaden las sanciones”, afirmó Kyle Rutter, investigador del centro de pensamiento Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (Center for a New American Security). “Es un juego interminable del ‘golpea al topo’: las empresas fantasma aparecen, la OFAC las sanciona y rápidamente son reemplazadas o reubicadas en el extranjero”.
En el caso de Sumilab, un proveedor de químicos con sede en Culiacán, la OFAC lo sancionó y a sus operadores bajo la autoridad de la lucha contra el narcotráfico en 2023, por suministrar precursores de fentanilo y metanfetamina al Cartel de Sinaloa.
Las sanciones se quedaron cortas: en cuestión de semanas, los operadores retiraron la señalización de Sumilab y crearon siete empresas fantasma que continuaron las mismas operaciones bajo nuevos nombres.
Para octubre de 2025, la OFAC volvió a sancionar la red bajo facultades ampliadas, incluida la de contraterrorismo (SDGT), apuntando contra 12 empresas propiedad de la familia dueña de Sumilab. Hasta ahora, el Tesoro no ha proporcionado datos públicos sobre activos bloqueados, cargamentos interceptados o cadenas de suministro desarticuladas.
Las criptomonedas también permiten a los grupos criminales eludir los poderes de bloqueo de activos de la OFAC, ya que estos solo funcionan cuando los criminales interactúan con bancos estadounidenses a través de transacciones en dólares o cuentas con sede en Estados Unidos.
“Los ‘exchanges’ de criptomonedas son descentralizados y Estados Unidos tiene un marco regulatorio más débil para ellos”, señaló Rutter. “Así que tiene sentido que los carteles opten por las criptomonedas en lugar de las transacciones en dólares”.
Estas tendencias revelan una brecha cada vez mayor entre la ambición y la aplicación, planteando una pregunta central: si ampliar las designaciones sin una inversión paralela en capacidad de aplicación puede desarticular de manera significativa a las redes criminales transnacionales.