La organización no gubernamental Provea, fijó posición ante la aprobación de la Ley de Amnistía sancionada la noche del jueves 19 de febrero por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta Oficial este viernes 20 de febrero.
Por: lapatilla.com
La ONG considera que, pese a sus limitaciones, la normativa puede representar un primer paso para desmontar el entramado represivo que ha afectado a la población venezolana en los últimos años, aunque advierte que se trata de una ley “excesivamente restrictiva” que deja por fuera a numerosos perseguidos políticos.
En su análisis, Provea cuestiona las amplias excepciones contempladas en el texto legal y el requisito de “ponerse a Derecho”, al considerar que exceden lo establecido en la Constitución.
Asimismo, critica que la referencia reiterada a hechos de violencia dentro de los supuestos amparados por la amnistía descalifique acciones ejercidas en el marco del legítimo reclamo de derechos. A juicio de la organización, la ley debió incorporar una disposición más amplia que abarcara todos los casos vinculados a la persecución sistemática que derivó en prisión, procesos judiciales o exilio.
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La ONG también lamentó que varias propuestas presentadas en los espacios de consulta no fueran incluidas, como la anulación de inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría, garantías de retorno seguro para venezolanos en el exterior, restitución de bienes incautados y reincorporación laboral de personas despedidas por motivos políticos.
En el contexto político actual, marcado por la incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro, y un escenario de fragilidad institucional, Provea advirtió que aún no existe una ruta clara hacia la reinstitucionalización democrática ni medidas concretas para mejorar la calidad de vida de la población.
La organización insistió en que la Ley de Amnistía debe estar acompañada de reformas estructurales del sistema de justicia y la derogación de normativas que, según denuncia, han sido utilizadas para criminalizar la disidencia, entre ellas la Ley Contra el Odio y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
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Provea reiteró su llamado a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como garantías de no repetición, subrayando que sin desmontar el aparato represivo del Estado no habrá confianza ni estabilidad democrática en Venezuela.
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