Sus manos encadenadas y su huelga de hambre —que mantuvo durante 24 horas y finalizó tras sentirse mal— simbolizan la desesperación de una madre que no ha tenido noticias de su hijo desde el 27 de noviembre de 2025. El vendedor de autos Jack Tankak Cano, de 32 años, fue detenido hace 86 días, presuntamente por venderle una camioneta a un opositor. Evelis Marisol Cano y otras 19 madres de presos políticos esperan que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática , aprobada el jueves 19 de febrero por la Asamblea Nacional y sancionada por Delcy Rodríguez, libere a sus hijos de la Zona 7.
Por Rodrigo Craveiro | Correio Brasiliense
Evelis y sus acompañantes acamparon frente a las puertas de la penitenciaría mantenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, que alberga a unos 60 presos políticos. «Mi hijo debe beneficiarse de esta Ley de Amnistía, ya que no respetaron su debido proceso. Necesita ser liberado de inmediato. Los motivos de su detención no tienen nada que ver con drogas, política, armas ni mensajes de WhatsApp. No encontraron nada en su celular», declaró Evelis a Correio .
El régimen de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro por las fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, enfatizó que la ley es crucial para la estabilidad de Venezuela. «Este instrumento legal (…) debe interpretarse como una muestra de madurez y fortaleza política, representando un paso trascendental hacia el logro de la estabilidad nacional», declaró el ministro de Defensa y general de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López. «Es necesario saber pedir perdón y también recibirlo», dijo la propia presidenta interina al promulgar la ley. A pesar de las esperanzas de las familias de los presos políticos y el ambiente de euforia del gobierno, expertos y organizaciones de derechos humanos criticaron la redacción del texto.
«Esto dista mucho de ser una ley de amnistía. De hecho, es un acto político. El texto no pretende liberar a presos políticos, sino controlar a un sector de la población», aseguró a Correio José Vicente Carrasquero Aumaitre, profesor de ciencias políticas de la Universidad Simón Bolívar (en Caracas) . Recordó que los presos acusados ??de «crímenes de odio» y por expresarse en redes sociales contra el régimen no se beneficiarán de la legislación. «Los militares no serán incluidos en este proceso, ni tampoco las personas condenadas por algún delito. Llamar a esto una ley de amnistía es un error en sí mismo, ya que el texto no contempla reparaciones para las víctimas ni detalla medidas para evitar que estos hechos se repitan. Tampoco se derogan las leyes que permiten la captura de venezolanos en protestas falsas».
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