Los cambios observados en el acontecer político nacional han motivado una presencia cada vez más activa de la sociedad civil, la cual ha venido consolidándose como un importante factor de opinión y participación. En los distintos espacios públicos se destacan actores que han asumido un papel protagónico al expresar sus planteamientos y solicitar soluciones a los temas que consideran prioritarios para avanzar en los ámbitos político, económico y social, los cuales estiman que limitan actualmente el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.
En el plano político, la vocería de los partidos se mantiene activa en la búsqueda y consolidación de sus espacios de participación. Las organizaciones partidistas han fortalecido sus estructuras de base e incrementado su activismo, promoviendo propuestas orientadas a impulsar los cambios que consideran necesarios para restituir el ejercicio pleno de sus actividades y fortalecer la democracia como elemento fundamental para el desarrollo de la vida política sin restricciones.
En el ámbito social, los sindicatos han asumido un rol protagónico en la exigencia de mejoras salariales que permitan ingresos reales suficientes para elevar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores y sus familias. Destaca particularmente el sector educativo, cuyos ingresos se ubican por debajo de otros sectores laborales, situación que ha generado reiterados llamados de atención. Paralelamente, organizaciones ciudadanas han intensificado sus reclamos en torno a la mejora de los servicios públicos y otras limitaciones que afectan su calidad de vida.Los estudiantes asumen un rol protagonico demandando soluciones a las limitaciones que afectan el marco legal vigente y los derechos ciudadanos.
En el terreno económico, distintas regiones del país han manifestado la necesidad de recuperar su infraestructura agrícola, pecuaria, pesquera, minera y agroindustrial, actualmente disminuida en su capacidad productiva. Voceros regionales señalan que el desplazamiento de actores privados por actores públicos incidió en esta situación y plantean la transferencia de estas actividades al sector privado como alternativa para su recuperación inmediata y el restablecimiento de los niveles de producción previamente alcanzados. Estas solicitudes se repiten en diversos estados, bajo el argumento de que su reactivación tendría efectos positivos en la generación de empleo y en el crecimiento económico, tanto regional como nacional.
La sociedad civil, en este contexto, reafirma su determinación de sostener y ampliar sus espacios como actor fundamental de opinión y participación en la vida pública del país.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.