La Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan) confirmó este domingo 22 de febrero la excarcelación de Ronny Santaella, natural de Altagracia de Orituco, estado Guárico, tras haber estado detenido de forma arbitraria desde el 28 de junio de 2024, en un caso que movilizó a organizaciones de derechos humanos en Venezuela.
Por: lapatilla.com
En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Fundehullan celebró la excarcelación de Santaella —quien había sido condenado a 15 años de prisión en un proceso calificado de injusto por activistas y defensores de derechos humanos— pero subrayó que este logro, aunque significativo, no cierra las múltiples causas injustas aún abiertas en el país.
“Reiteramos que la labor de defensa legal y el activismo no son delitos. Aunque celebramos su libertad, seguimos exigiendo el cierre definitivo de todas las causas injustas y la libertad plena para cada preso político en Venezuela. ¡Un paso más hacia la justicia!”, señaló Fundehullan en su declaración.
Este pronunciamiento ocurre en medio de un contexto nacional de excarcelaciones tras la aprobación de una nueva Ley de Amnistía por las autoridades venezolanas, que ha generado tanto expectativas como críticas.
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Según informes internacionales, más de 1.500 detenidos por motivos políticos han solicitado acogerse a la amnistía, y centenares de liberaciones se estarían procesando en tribunales, aunque defensores de derechos humanos han cuestionado la velocidad y alcance real de las liberaciones.
Las organizaciones como Foro Penal y la oposición han señalado discrepancias entre los datos oficiales y las verificaciones independientes, al tiempo que familiares de presos políticos mantienen vigilia en centros penitenciarios, demandando la liberación total de aquellos que consideran injustamente encarcelados.
La liberación de Ronny Santaella se suma a otros casos recientes de excarcelaciones, reflejando un posible cambio en la política de detenciones en Venezuela por medio de la Ley de Aministía aprobada el pasado 19 de febrero en la Asamblea Nacional controlada por el régimen chavista, aunque la comunidad internacional y las ONG siguen pidiendo garantías plenas de justicia, transparencia y el fin definitivo de la persecución política en el país.
