Por César Pérez Vivas
Hugo Chávez, ya en funciones como presidente de la República y bajo la influencia directa del despotismo instalado en La Habana, impulsó un cambio radical en la doctrina militar venezolana que había prevalecido durante el siglo XX. El llamado socialismo del siglo XXI, alineado estratégica e ideológicamente con la dictadura de Fidel Castro, promovió una concepción militar cuyo objetivo central fue estructurar una fuerza armada desligada de toda relación institucional con los Estados Unidos.
Durante décadas, la doctrina de seguridad y defensa venezolana estuvo influida por parámetros y modelos provenientes de la primera potencia occidental. La formación de nuestros oficiales, los sistemas de armas y el entrenamiento de nuestras tropas tenían como referencia centros académicos y militares estadounidenses. Varias generaciones de oficiales se formaron en instituciones de esa nación, dentro de una lógica de cooperación hemisférica.
La doctrina militar de la etapa democrática estaba orientada a garantizar la integridad territorial, la soberanía popular y la estabilidad de las instituciones derivadas del voto ciudadano. El poder militar se encontraba subordinado al poder civil, conforme a la tradición republicana consagrada desde el Congreso de Angostura de 1819, que reservó al Congreso la autorización de los ascensos a los grados superiores. La Fuerza Armada se concebía —y procuraba ser— una institución al servicio de la Nación, nunca al servicio de una parcialidad política ni de un caudillo.
No existía para derrumbar “imperios” ni para librar cruzadas ideológicas, ni mucho menos para insertarse en conflictos geopolíticos ajenos a nuestra realidad histórica y territorial. La llegada al poder de un golpista frustrado alteró esa concepción. Progresivamente, la institución armada fue transformándose en un partido político en armas: un aparato destinado a dominar la sociedad, colonizar la administración pública y subordinar los demás poderes del Estado, hasta consolidar un régimen de naturaleza militarista.
La Asamblea Constituyente de 1999 eliminó la atribución parlamentaria de autorizar los ascensos militares y concentró esa potestad en el presidente de la República. A partir de entonces se debilitó el sistema de controles republicanos. La lealtad política sustituyó al mérito profesional; la incondicionalidad al jefe desplazó la trayectoria académica y militar.
Se impuso así una doctrina de inspiración cubana. La Fuerza Armada dejó de ser estrictamente institucional para autodenominarse “bolivariana”, término que en la práctica significó “chavista”. Se declaró “antiimperialista”, construyendo como enemigo estratégico a los Estados Unidos. Numerosas emisiones de Aló presidente dejaron constancia de esa narrativa confrontacional.
Esa orientación condujo a una alianza militar con Rusia, orientada a adquirir sistemas de armas distintos a los estadounidenses. La retórica del “mundo multipolar” justificó compras multimillonarias cuyo impacto estratégico real siempre fue discutible. Posteriormente, se profundizó la cooperación con China en materia satelital y tecnológica, bajo la premisa de fortalecer la soberanía defensiva.
Sin embargo, toda esa arquitectura doctrinaria se desplomó la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas de los Estados Unidos ejecutaron una incursión en territorio nacional y capturaron a quien ejercía ilegítimamente la Presidencia de la República para someterlo a la jurisdicción de ese país.
Ni los sistemas rusos, ni la tecnología satelital china, ni la anunciada “guerra prolongada”, ni las milicias movilizadas aparecieron en escena. La retórica épica se desvaneció ante los hechos. La Fuerza Armada, bajo el mando del generalato gobernante, no ofreció respuesta efectiva.
Las declaraciones posteriores intentaron justificar la inacción, pero dejaron abiertas preguntas inevitables sobre la coherencia entre el discurso sostenido durante años y la realidad evidenciada esa madrugada. El episodio marcó el colapso práctico de una doctrina concebida más como instrumento ideológico que como política seria de defensa nacional. El 3 de enero selló el agotamiento de una visión militar subordinada a un proyecto político personalista. La seguridad y la defensa no pueden edificarse sobre consignas, ni sobre fantasías geopolíticas desconectadas de nuestras capacidades reales.
Corresponde ahora reconstruir una doctrina democrática de seguridad y defensa: profesional, institucional, subordinada al poder civil y ajustada a nuestras verdaderas necesidades estratégicas. Una política que parta de nuestra realidad geográfica, económica y poblacional; que fortalezca la soberanía sin caer en aventuras retóricas; que restituya el honor institucional sin convertir a la Fuerza Armada en actor partidista.
La nueva doctrina debe asentarse en la realidad y no en la propaganda. Solo así podrá recuperarse una institución militar al servicio de la República y no de una ideología.
Lunes 23 de febrero de 2025